El congresista de la república Edwin Martínez Talavera, presentó una denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república, por Infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de Colusión, Negociación Incompatible y aprovechamiento del Cargo tipificado en los artículos 384 y 399 del Código Penal contra la expresidenta Boluarte y ex ministros.

Los acusados son, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de Ex Presidenta de la República, César Carlos Sandoval Pozo, en su condición de Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, en su condición de Ex Ministro de Economía y Finanzas a efectos de que se determine su responsabilidad y se resuelva Inhabilitar a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años; igualmente, que se remitió la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones respecto al ejercicio de la acción penal que corresponde.

El argumento principal de la acusación de Martínez es por la aprobación y firma del Decreto Supremo N° 015-2025-MTC mediante el cual se aprueba el texto de la Adenda Nro. 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos en beneficio de la empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR SA).

El congresista sostiene que la aprobación de la adenda 5 de extensión en favor de TISUR, es inconstitucional, ilícita, ilegítima e indebida del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años más; aun cuando la terminación del contrato con el referido concesionario habría de ocurrir en el año 2029.

Martínez, señala que el artículo 61 de la Constitución consagra que el Estado tiene la obligación de facilitar y vigilar la libre competencia; sin embargo, con la aprobación del referido Decreto Supremo, se impide completamente la posibilidad de llevar a cabo una libre competencia entre agentes económicos, pues se permite que una empresa privada en específico se apropie del control absoluto de una concesión estatal, restringiendo la posibilidad de que nuevos agentes se postulen a ocupar tal posición, beneficiada del embarque de cobre y otros productos que exporta el Perú al mundo.

Agrega que los denunciados están habilitando de modo fraudulento que un único agente privado ejerza desreguladamente el control absoluto del mercado y la actividad económica que se realiza en el puerto de Matarani en Arequipa, circunstancia que dicha empresa aprovecha para llevar a cabo una serie de prácticas desleales, abusivas, perjudiciales para el normal desenvolvimiento del mercado, lesivas a la actividad económica que realizan los ciudadanos (especialmente los emprendedores), y contrarias a las normas constitucionales.

Por lo tanto, la libre competencia es crucial en los contratos de concesión porque garantiza condiciones de igualdad y equidad para todos los postores, promueve la eficiencia económica a través de la mejora en precios y calidad para los consumidores, fomenta la innovación y previene la concentración de poder en un solo proveedor.  Se asegura así que el Estado obtenga la mejor oferta posible para la prestación de un servicio público y que los ciudadanos se beneficien de servicios más competitivos.

El congresista Edwin Martínez exhortó al nuevo presidente del Consejo de ministros Ernesto Álvarez y al nuevo ministro de transportes y comunicaciones Aldo Prieto a derogar el decreto supremo N° 015-2025-mtc para detener este despropósito y abuso y no ser cómplices del mismo.