El congresista Hamlet Echevarría, presentó el proyecto de reforma constitucional para modificar el art. 167 de la Constitución en los siguientes términos:

“El presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los Comandantes Generales del Ejército, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional del Perú son seleccionados y designados por un Comité de Evaluación de Alta Dirección y refrendados por el presidente de la república y los ministerios respectivos, sobre la base de un proceso público, meritocrático y riguroso de evaluación del desempeño profesional, trayectoria ética y capacidades de gestión, conforme a Ley.

El Comité de Evaluación de Alta Dirección está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso de la República, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, garantizando imparcialidad, transparencia y equilibrio institucional. El proceso de selección y designación se rige por criterios de mérito, integridad, idoneidad y compromiso con la institucionalidad democrática, prohibiéndose cualquier tipo de interferencia política o decisión discrecional. La Ley establecerá los requisitos, procedimientos, mecanismos de control y régimen de responsabilidad aplicables al proceso de designación.”

En la exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional de Echevarría, afirma que en los últimos años han mostrado cuestionamientos severos a las designaciones de Comandantes Generales y altos mandos de la PNP y las FF. AA., debido a denuncias de vínculos con organizaciones criminales, cobros ilícitos para ascensos y cercanías con personajes cuestionados.

Casos que reflejan la vulnerabilidad de la actual forma de designación, en la que el presidente de la República, a propuesta del ministro correspondiente, elige discrecionalmente al Comandante General, sin un filtro meritocrático ni evaluación independiente. El otorgamiento discrecional al Presidente de la República para designar a los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sin mecanismos de control o transparencia suficientes conlleva riesgos significativos para la institucionalidad democrática y la seguridad nacional.

Entre los principales riesgos se encuentran: Politización de las instituciones armadas y policiales, la discrecionalidad puede permitir que las designaciones respondan a intereses políticos o personales del presidente, afectando la neutralidad y profesionalismo de las instituciones castrenses y policiales. Captura institucional, el Ejecutivo podría influir en la cadena de mando para asegurar lealtades personales, debilitando la autonomía institucional y generando subordinación política indebida. Riesgo de corrupción y vínculos ilícitos, al no existir criterios objetivos ni filtros adecuados, se abre la posibilidad de que se nombren altos mandos con antecedentes o cuestionamientos por corrupción, cobros indebidos, o incluso vínculos con organizaciones criminales. Afectación a la moral institucional, los oficiales que ascienden por mérito pueden sentirse desplazados o desmotivados si los nombramientos responden a favoritismos o lealtades políticas, deteriorando la disciplina y cohesión interna. Debilitamiento de la seguridad ciudadana y defensa nacional, cuando los mandos son elegidos por conveniencia política y no por capacidad profesional, las decisiones estratégicas y operativas pueden volverse ineficaces o incluso favorecer intereses particulares. Pérdida de confianza ciudadana, la percepción de designaciones arbitrarias o corruptas erosiona la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar el orden interno y la seguridad nacional.

Echevarría afirma que la ciudadanía exige instituciones armadas y policiales libres de corrupción, con líderes que se legitimen no solo por galones o antigüedad, sino por su desempeño comprobado, integridad personal y profesionalismo, por lo que su proyecto de Reforma Constitucional busca modificar el artículo 167 de la Constitución Política del Perú, para que la designación de los Comandantes Generales se realice obligatoriamente entre los tres primeros oficiales de un concurso público interno de méritos, supervisado por una Comisión Especial de Evaluación, con criterios de desempeño, integridad y liderazgo.

Por tanto, la iniciativa se busca principalmente: El fortalecimiento institucional: La reforma introduce un blindaje meritocrático que asegura que solo oficiales con un historial intachable lleguen al más alto mando. La transparencia y control social: El concurso y el cuadro de méritos serán públicos, garantizando que la ciudadanía conozca la trayectoria de quienes asumen la conducción de la PNP y las FF. AA. Combatir a la corrupción. La obligatoriedad de pruebas de integridad y evaluaciones patrimoniales reducirá el riesgo de infiltración de intereses criminales en las instituciones. El equilibrio democrático. El Presidente mantiene la facultad de designación, pero bajo un marco de selección transparente, limitando el uso político del cargo.

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