El gobierno nacional mediante Decreto Supremo 124-2025-PCM suscrito por el presidente José Jerí, publicado en separata especial en la noche del martes 21 de octubre en el diario oficial, declaró por el término de treinta días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

La norma publicada restringe y suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo al artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, y la normatividad vigente. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad permiso previo. A

El decreto refiere que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, modificado por la Ley Nº 32291, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, para precisar el uso de armas letales y no letales e incorporar el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito y en el Título II del Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente; así como, en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP.

Asimismo, se declara en sesión permanente en tanto dure el Estado de Emergencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, a los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, al Consejo Nacional de Política Criminal. así como a los Comités constituidos en el presente Decreto Supremo.

Se conforman los Comités de Coordinación con los titulares de cada entidad, cuya participación es indelegable, dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo; la información y acuerdos adoptados en dichos comités son confidenciales bajo responsabilidad. Se conforma el Comité de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú e integrado por el Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, un representante de la Fiscalía de la Nación designado por la máxima autoridad, un representante de la Presidencia del Poder Judicial designado por la máxima autoridad, el Alcalde de Lima Metropolitana como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y el Gobernador Regional del Callao como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

El decreto publicado afirma que se conforma el Comité de Inteligencia el cual es presidido por la Dirección Nacional de Inteligencia, la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, la Subdirección de Inteligencia del INPE, las Direcciones de Inteligencia de las Instituciones Armadas y la Unidad de Inteligencia Financiera y también se  conforma el Comité de Fiscalización presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones e integrado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público a través de un representante con capacidad de decisión, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, el Comando Operacional de Ciberdefensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercancía, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Unidad Antidrogas especializada de la Policía Nacional y los gobiernos sub nacionales de la jurisdicción.

Se conforma el Comité de Comunicación Estratégica, presidido por la Presidencia del Consejo de ministros, integrado por los miembros del Comité de Coordinación Operativa Unificada y el titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú a fin de que ejecute la estrategia comunicacional en el marco del presente Decreto Supremo.

El decreto publicado indica que iniciada la vigencia del Estado de Emergencia declarado se establecen las siguientes medidas. En el control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas se establece restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios, una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario, una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. Sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación y el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las fuerzas armadas.

Las fuerzas combinadas están integradas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, las que ejecutarán las siguientes medidas: Control Territorial focalizado en zonas críticas y resguardo de instituciones públicas con participación de las fuerzas combinadas. Se instalan comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con gobiernos subnacionales. Sostenimiento del Control Territorial a través de patrullajes a pie de las fuerzas combinadas y Patrullaje de las fuerzas combinadas en zonas críticas (Paraderos, estaciones del metro, instituciones asociadas a servicios públicos y activos estratégicos, entre otros). Operativos de búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad en base al mapa del delito y otros instrumentos dispuestos por el CCO. Operativos de control de identidad en inmuebles que incluya el descerraje si fuera necesario, en función a los informes del CCO y/o CI. Operativos de control de identidad en vehículos motorizados y no motorizados, Operativos de Control de identidad de extranjeros que se encuentren comprendidos dentro de los supuestos del procedimiento sancionador administrativo excepcional especial, Prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L3 (motos lineales), Intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo. Operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, Control y fiscalización de la fabricación artesanal de pirotécnicos, Control y fiscalización de la comercialización y uso ilegal de productos pirotécnicos y sus materiales relacionados de las clases 2 y 3 conforme a la ley de la materia.

El Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario, así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la normativa vigente. Operativos de Fiscalización de los insumos químicos que sirven para la elaboración de droga, Flagrancia y respuesta rápida de la justicia, Fortalecimiento de las unidades de flagrancia en el territorio declarado en Estado de Emergencia, a fin de mejorar la respuesta rápida de la justicia en las acciones de las fuerzas combinadas, Implementación de medidas de seguridad especial a Fiscales y Jueces que intervienen en casos de criminalidad, a cargo de la Policía Nacional de Perú.

El Comité de Fiscalización ejecuta operativos de fiscalización y control con asistencia de las fuerzas combinadas en las zonas donde se halla identificado entre otros: a. Trata de personas,  Comercialización ilegal de drogas y estupefacientes, Mercado ilegal de armas, Puntos de venta informal y ambulatoria de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, suspendiendo de forma inmediata las líneas vinculadas a casos de extorsión o secuestro, cuya cancelación se realiza conforme a la ley de la materia, Mercado ilegal de autopartes. El CCO informa al titular del Ministerio del Interior los resultados obtenidos, previo a la culminación del Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo. El informe es elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial con las recomendaciones correspondientes.

En los considerandos del DS, se afirma que, con los Oficios Nº 877 y 881-2025-CG PNP/ SEC, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú recomienda que se declare por el término de treinta días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima, sustentando dicho pedido en el Informe Nº 215-2025-COMOPPOLPNP/DIRNOS-SEC-UNIPLEDU (Reservado) de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y los Informes Nº 182 y 188-2025-REGPOL LIMA/SEC-UNIPLEDU-OFIPLO (Reservado) de la Región Policial Lima. En dichos informes se informa sobre la perturbación al orden interno por el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados de la comisión de delitos de homicidio, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, entre otros, en la circunscripción ante mencionada; adjuntándose para dicho efecto, los Dictámenes Nº 4439 y 4444-2025-SECEJE/DIRASJUR-DIVDJPN de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú, que sustenta la tramitación de la propuesta normativa pertinente. Asimismo, con el Oficio Nº 890-2025-CG PNP/ SEC, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú recomienda que se declare por el término de treinta días calendario, el Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao, sustentando dicho pedido en el Informe Nº 225-2025-COMOPPOL-PNP-SECUNIPLEDU (Reservado) de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y el Informe Nº 081-2025-DIRNOS-REGPOL-CALLAO/ SEC-UNIPLEDU-OFIPLOPE (Reservado) de la Región Policial Callao, a través de los cuales se informa sobre la perturbación al orden interno por el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados de la comisión de delitos de homicidio, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, entre otros, en la circunscripción ante mencionada; adjuntándose para dicho efecto, el Dictamen Nº 4454-2025-SECEJE/DIRASJUR-DIVDJPN de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú, que sustenta la tramitación de la propuesta normativa pertinente; evidenciando la necesidad de adoptar medidas efectivas para la recuperación de los espacios públicos para así devolver a la ciudadanía la paz y la confianza, vulneradas por la criminalidad.

 Foto RCR