El Colegio de Abogados de Ayacucho que dirige el Decano, Dr. Richard Almonacid, con relación a la inseguridad ciudadana del país, emitió un pronunciamiento institucional, donde efectúan cinco precisiones. Afirman que según el Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL), de enero a septiembre de 2025 en el Perú se han registrado registraron 20,705 denuncias por extorsión. De ellas los departamentos con mayor denuncia son Lima con 8,671 y La Libertad con 3,426 denuncias. En tanto que el 2024 las denuncias registradas fueron 16,075 denuncias.

Refieren que, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el promedio de homicidios en el Perú ha ido en aumento desde 2021 con mayor énfasis desde el 2023, pasando de aproximadamente 3.6 a más de 6 – 7 en 2025. En 2021 hubo 1,317 homicidios, mientras que en 2024 la cifra llegó a 2,064, y en 2025 ya se superó los 1,690 asesinatos (en cada trimestre del 2025 los asesinatos son en promedio 540 casos), por lo que al cierre del 2025 se proyecta que supere ampliamente las cifras del 2024.

Señalan asimismo que en virtud del Informe Estadístico 2025 del mes de Julio, del INPE, reportó que en el Perú existen 103,112 internos e internas en los diferentes establecimientos penitenciarios, y de ello 22,169 se encuentran recluidos por el robo agravado. Cifra que ha ido en incremento en comparación al 2024.

Agregan que estos datos objetivos, demuestran que desde los índices de criminalidad en el Perú se han incrementado exponencialmente desde el 2023; ello como consecuencia de la incapacidad de la gestión de la presidenta Dina Boluarte y la complicidad del Congreso que emitió más de una decena de leyes que afectaron severamente el régimen de la justicia penal, violado las competencias constitucionales del Ministerio Público, otorgar potestas de dirección en la investigación del delito a la Policía, anulado en los hechos el proceso de extinción de dominio y construido un marco normativo genuflexo al crimen.

Puntualizan que no se trata de una omisión o descuido, a todas luces el poder ejecutivo y el parlamento nacional han dado muestras de complicidad con el actual estado de crisis institucional y de desborde de la inseguridad ciudadana en el país.  Ante esta situación solicitan tres cosas concretas.

Exigen la inmediata renuncia del Ministerio del Interior, quien ha demostrado su absoluta incapacidad para controlar la seguridad ciudadana del país, exigen al poder ejecutivo y al parlamento declarar en emergencia el sistema de seguridad ciudadana; así como instalar un grupo que elabore un plan nacional de seguridad ciudadana en el marco de una política criminal democrática.

Asimismo, al Congreso, evaluar la necesidad de la permanencia en el cargo de la presidenta de la República, pues conforme a los argumentos señalados, la incapacidad ha quedado acreditada; en dicho supuesto, y exigen igualmente que la renuncia del presidente del Congreso y de los miembros de la Mesa Directiva, consecuentemente el cierre del Congreso por la grave crisis institucional y moral.