El 9 y 10 de octubre de 2025 en la sede oficial de la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, en Italia, la congresista Maria Alva, presidenta de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria de la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, expondrá ante expertos y representantes internacionales la propuesta de reforma del Ministerio Público del Perú.

Fue la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) quien solicitó la participación de la congresista Maricarmen Alva Prieto en su 144ª Sesión Plenaria, a fin de que exponga las propuestas de reforma al Ministerio Público elaboradas por la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, que preside.

En la sesión también se analizará el proyecto de Opinión sobre la reforma del Ministerio Público peruano. Dicho informe fue elaborado por la Comisión de Venecia a solicitud de la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, quien requirió asistencia técnica internacional para garantizar que las iniciativas legislativas cumplan con los estándares democráticos y fortalezcan la independencia judicial.

La participación de Alva Prieto da continuidad al diálogo iniciado en Lima el pasado 31 de julio, cuando sostuvo una reunión oficial con la delegación de la Comisión de Venecia en el Congreso de la República. En esa ocasión se presentaron los avances del grupo parlamentario y la ruta hacia un informe final con una propuesta integral de reforma judicial.

En marzo del 2025 el Congreso la parlamentaria Maricarmen Alva Prieto fue elegida como presidente de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú.

Alva refirió a la prensa los puntos más importantes de la agenda de la comisión especial, entre ellos, a inacción y o falta de coordinación entre los integrantes del sistema de administración de justicia, la crisis en el sistema penitenciario y la realidad de los programas de reinserción social, el exceso de tiempo en el ejercicio provisional del cargo jurisdiccional,
los mecanismos de los órganos de control disciplinario en el ámbito jurisdiccional, el retraso en la ejecución de sentencias que genera incertidumbre jurídica que afecta la inversión con la consiguiente disminución de la tasa de empleo y el aumento de la tasa delictiva.

Asimismo, Alva Prieto expresó que trabajarán de manera coordinada con el Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia en acciones prioritarias que generen la confianza del ciudadano.