En febrero del 2025, el Instituto de Defensa Legal y dos ciudadanas realizaron tachas y buscaron participar en el proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia y presentaron una demanda de amparo y una medida cautelar contra dicho proceso y las resoluciones de nombramiento de los actuales miembros de la JNJ.

La demanda fue que antes, durante y después de los nombramientos, la Comisión Especial presidida por el Defensor del Pueblo que nombró a estos funcionarios, llevó a cabo un concurso público plagado de serios vicios e irregularidades, transgrediendo la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 155° de la Constitución, que obliga a llevar un procedimiento de selección respetando garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia.

Los medios de comunicación dieron cuenta se conoció que dos candidatos finalmente nombrados integrantes de la JNJ, tenían y tienen sentencias judiciales en su contra, lo que invalida su nombramiento. La demanda está dirigida contra la Comisión Especial de Selección, presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la presidencia del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el decano de la Universidad Ricardo Palma.

El 1 de agosto, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justica de Lima admitió la demanda y ha fijado Audiencia Única para el día 22 de diciembre del presente año, en la que el juez se encuentra facultado para en el acto emitir sentencia.