La congresista Katy Ugarte, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto crear la Autoridad Autónoma de Machupichu, con la finalidad de planificar, gestionar, fiscalizar y promover el desarrollo sostenible del circuito turístico de Machupichu, incluyendo la conservación del patrimonio cultural y natural, la articulación interinstitucional y la mejora de la experiencia turística.

La propuesta legislativa señala que debe crearse la Autoridad Autónoma de Machupicchu como un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), con autonomía técnica, administrativa y financiera, personería jurídica propia y patrimonio independiente.

La Autoridad Autónoma de Machupicchu, estará conformado de la siguiente manera: El alcalde provincial de Urubamba, quien la presidirá, Un representante del MINCETUR, Un representante del Ministerio de Cultura, Un representante del Gobierno Regional del Cusco,  Un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Un representante de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, Un representante de la Cámara de Comercio y Turismo del Cusco,  Un representante de las comunidades campesinas locales y Un representante de UNESCO, este último, como ente consultivo.

Los miembros ejercerán sus funciones “ad honorem”. El secretario y tesorero serán elegidos por el consejo directivo por un período de tres años, renovable.

Son funciones de la Autoridad Autónoma de Machupicchu: Elaborar y ejecutar el Plan Maestro del Circuito Turístico de Machupicchu, Gestionar los recursos financieros, incluyendo tasas turísticas, donaciones y cooperación internacional, Fiscalizar el cumplimiento de normas ambientales, culturales y de seguridad turística, Promover la inversión pública y privada en infraestructura turística sostenible, Articular con entidades nacionales e internacionales para la conservación y promoción del santuario.

La Autoridad Autónoma de Machupicchu contará con los siguientes recursos: Aportes del Tesoro Público, Ingresos propios por tasas, derechos y servicios, Donaciones y transferencias, Recursos de cooperación internacional, Endeudamiento interno o externo, previa aprobación del MEF. El alcalde provincial de Urubamba instalará la Autoridad Autónoma de Machupicchu en un plazo no mayor a noventa días calendario desde la publicación de la presente ley.

En la exposición de motivos la congresista Katy Ugarte, refiere que el 9 de diciembre de 1983 el Santuario Histórico de Machupicchu fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como patrimonio mundial mixto (cultural y natural).

Con este hecho Machupicchu cobró mayor notoriedad a nivel mundial, conviniéndose prontamente en uno de destinos turísticos más visitados e importantes de América del Sur y del mundo, además, el Estado peruano asumió el compromiso histórico de conservar sus valores culturales y naturales para las presentes y futuras generaciones. De otro lado, el 30 de diciembre de 1983, se da la Ley N° 23765, mediante la cual se declara como Patrimonio Cultural de la Nación a varios lugares de la ciudad de Cusco, entre ellos, el Santuario Prehispánico o Parque Arqueológico de Machupicchu.

Ugarte, sostiene que hoy en día, el Santuario Histórico – Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu es de propiedad del Estado y forma parte integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Perú, con más de 37 mil hectáreas, siendo protegido como patrimonio cultural y natural, por lo tanto, tienen competencia sobre este patrimonio el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Refiere que la situación actual de la gestión del Santuario Histórico de Machupicchu y su circuito turístico presenta una serie de problemas que amenazan su sostenibilidad, puesto que actualmente, la gestión de Machupicchu está dispersa entre múltiples entidades como; el Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Urubamba, SERNANP y otras entidades públicas, ello estaría conllevando conflictos de competencia, lentitud en la toma de decisiones y falta de una visión única.

Ello muestra, que no existe un ente rector con la suficiente autoridad para articular las acciones de todas las instituciones involucradas, resultando en descoordinación, contradicciones y dificultad para implementar proyectos integrales. El crecimiento desordenado del flujo turístico viene generando impactos negativos en la conservación del patrimonio arqueológico, la falta de una gestión integral deriva en problemas como la congestión, la informalidad en los servicios, la inconsistencia en la calidad y la falta de planificación para la mejora de la infraestructura y servicios, lo que afecta la reputación internacional.

Foto USIL