Treinta y tres congresistas de diversas bancadas parlamentarias presentaron el martes 23 de septiembre una moción de censura ante el presidente del parlamento nacional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santivañez Antunez, por su falta de idoneidad, confianza y probidad en el sector justicia.

Entre los argumentos políticos y jurídicos más importantes, los congresistas afirman que Santiváñez Antúnez ha ocupado el cargo de Ministro del Interior, desde mayo de 2024 hasta marzo de 2025, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y la inseguridad ciudadana en el país; siendo su gestión objeto de severas críticas por falta de resultados concretos, ineficacia de las medidas adoptadas, así como por la reiterada declaración de estados de emergencia sin impacto sostenible en la reducción de la delincuencia.

Agregan que, el 21 de marzo de 2025, el Congreso de la República aprobó la moción de censura contra Juan José Santiváñez, entonces ministro del Interior, con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, argumentando su «incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país».

Hoy el ministro Juan José Santiváñez, en la actualidad, enfrenta graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo y afronta una investigación por tráfico de influencias agravado, en la cual la Corte Suprema dispuso en junio de 2025 un impedimento de salida por 18 meses, al acreditarse indicios de que solicitó hasta 20,000 dólares para influir en magistrados del Tribunal Constitucional.

También, enfrenta una acusación por abuso de autoridad, derivada de su gestión en el Ministerio del Interior, donde presuntamente hostigó a un periodista, usando recursos públicos en su defensa y entregando a la Fiscalía un celular reseteado; la Corte Suprema consideró suficientes los elementos para acusarlo formalmente. Asimismo, se conoce que forma parte del caso denominado <El Cofre Presidencial», donde la Fiscalía presentó una denuncia constitucional ante el Congreso el 16 de mayo de 2025, acusándolo de omisión de denuncia por no haber informado el uso de un vehículo oficial para facilitar la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón. Solamente, estos tres procesos judiciales configuran un cuadro de seria pérdida de confianza poa política y ética, incompatible con su permanencia como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Enfatizan que, en días recientes se ha tenido conocimiento de la orden de allanamiento de inmueble con descerraje incautación, registro personal, vehicular levantamiento del secreto de las comunicaciones y secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, dictado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante resolución judicial N° 03, del 21 de agosto de 2025 (Exp. 00403-2025-1-5001-JR-PE-05)4, donde se vincula al ministro Juan José Santiváñez Antúnez, señalándolo expresamente como «hombre clave> dentro de una presunta organización criminal.

En esta disposición judicial, se le atribuye la función de articular redes de poder político y policial para direccionar contratos públicos, influir en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, proteger operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública. Se precisa que su doble rol, primero como ministro del Interior y luego como jefe de la Oficina de Monitoreo del Despacho Presidencial, habría sido decisivo para consolidar estos fines ilícitos. Esta condición de pieza central en una estructura delictiva revela una falta absoluta de idoneidad y probidad, constituyendo en ese sentido, fundamento suficiente para su censura parlamentaria.

Se ha verificado que el propio ministro Santiváñez ha reconocido en su Declaración Jurada presentada ante la Presidencia del Consejo de ministros, para asumir sus funciones como ministro, la existencia de doce carpetas fiscales en giro en las que se le investiga por diversos delitos graves, entre ellos tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, encubrimiento personal, negociación incompatible, malversación de fondos y omisión de denuncia, entre otros

Los congresistas refieren que tal acumulación de investigaciones fiscales en curso contra el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta inédita y sumamente preocupante, pues da cuenta de múltiples imputaciones que afectarían la integridad y la legalidad con que debe conducirse dicho sector. Por tanto, la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria, pues el Congreso ya le retiró la confianza en marzo de 2025 por su ineficacia frente a la inseguridad.

Su reincorporación en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos, no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo. Además, coloca al frente de la política anticorrupción y de la defensa del Estado a un funcionario investigado por delitos graves, lo que contradice los compromisos del Perú en materia de transparencia, integridad pública y respeto al Estado de Derecho, afectando la credibilidad nacional e internacional del gobierno.

Que, la doctrina constitucional y política reconoce que la moción de censura constituye un instrumento esencial del control parlamentario en una democracia, en tanto permite al Congreso salvaguardar la legitimidad y eficacia del Gobierno. Se evidencia que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos y su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía Perú un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción ya la vigencia del Estado de Derecho en el Perú.

Foto Tu Diario Huánuco