En pronunciamiento público, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM, rechazó las afirmaciones del ministro de Justicia que buscan intimidar a los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, ya que dichas expresiones constituyen una injerencia inaceptable en la independencia judicial y atentan contra la división de poderes que sustenta el sistema democrático.

JUSDEM señala que es facultad y deber de todos los jueces y juezas garantizar que los actos y normas del derecho interno se ajusten a la Constitución y al corpus iuris interamericano de derechos humanos. Dicho deber ha sido reconocido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte esencial de la labor judicial en los Estados parte.

Refieren que el control de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad son mandatos jurídicos, especialmente necesarios cuando existen normas que representan retrocesos en materia de derechos humanos. Los jueces, invocan a respetar los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura (1985), que establecen que «los jueces [y las juezas] resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.» (Principio 2). Asimismo, el Principio 4 dispone que los jueces y juezas deben poder decidir sin presiones externas y sin temor a represalias.

Como se recuerda, el ministro de Justicia, Juan Santivañez, declaró en una entrevista que denunciará a los magistrados que no acaten la ley de amnistía y anunció que en los próximos días se reunirá con los procuradores del Estado para iniciar acciones legales contra jueces que, según sus palabras, «no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico». Para los jueces, estas expresiones del ministro de Justicia, es una virtual amenaza a los jueces del país, que por mandato constitucional pueden aplicar el control difuso a leyes en determinados casos concretos donde estimen que algunas normas legales violan principios constitucionales.