El congresista Edward Málaga con el respaldo de otros legisladores, presentó la moción ante el presidente del Congreso para invitar al Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana Ysa, para que concurra al Pleno del Congreso de la República, a fin de que informe sobre los temas contenidos en el Temario de la Invitación que forma parte de la presente Moción, relacionado con los fundamentos, legalidad y pertinencia del nombramiento del señor Juan José Santiváñez Antúnez como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En los argumentos de la moción, Málaga, sostiene que, de acuerdo a la Ley Nº 27815 (Código de Ética de la Función Pública) y la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, principios tales como la idoneidad, probidad e interés público rigen el acceso y permanencia en la función pública, y que el artículo 39 de la Constitución impone a los funcionarios el deber de servir a la Nación con probidad y eficiencia; estas normas resultan referencias especialmente pertinentes en un sector como Justicia y Derechos Humanos, garante de la legalidad y el Estado de Derecho.

Mediante Resolución Suprema 180-2025-PCM del 23 de agosto de 2025, el Poder Ejecutivo designó al señor Juan José Santiváñez Antúnez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, pese a que el 21 de marzo de 2025 fue censurado por el Congreso cuando ejercía el cargo de ministro del Interior, por su “incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector” (Mociones 16182, 16191 y 16195).

Agrega que dicha designación interfiere con la función constitucional de control político del Parlamento y además atentaría -paradójicamente- contra la administración de justicia, al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de los públicos cuestionamientos por su conducta confrontacional con la prensa y el aprovechamiento político del cargo de Ministro del Interior.

Por tales razones, corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, en su calidad de responsable político de la coordinación del gabinete: explicar las razones técnicas y políticas para tal designación; exponer los criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan; dar cuenta de las coordinaciones realizadas con la Presidencia de la República y con el MINJUSDH; y explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño.

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