El Consejo de la Prensa Peruana en el informe de la libertad de expresión en el Perú del mes de julio 2025, denunció que se ha incrementado las campañas de agresión contra periodistas y medios de comunicación, así como los hostigamientos administrativos y denuncias judiciales por difamación por parte de funcionarios públicos, así como proyectos de ley de congresistas contra el trabajo de la prensa nacional.

Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación

Caso Santiváñez: el asesor presidencial y exministro del Interior Juan José Santiváñez denunció a los periodistas del canal de televisión Latina Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez por el delito de reglaje. En un reportaje de ese canal, se muestra a Santiváñez a las afueras de su casa, donde están estacionados vehículos del Estado, y se revela que se reunió con funcionarios públicos de alto nivel –como ministros y el comandante general de la Policía Nacional del Perú–, lo que excedería sus responsabilidades. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla abrió una investigación preliminar por el presunto delito contra la tranquilidad pública y contra la paz pública “en modalidad de reglaje”.

Caso Marita Barreto: el fiscal Robinson Ramírez, de una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, abrió investigación a los periodistas de Willax Carlos Paredes, Augusto Thorndike, Marycielo del Castillo y Milagros Leiva por acoso, violación de domicilio y “banda criminal” tras diversas coberturas críticas del canal de televisión sobre la fiscal Marita Barreto, quien previamente abrió una denuncia.

Caso La República: la Municipalidad de Lima utilizó sus canales de comunicación institucionales para hostigar al diario La República. En un post, señaló que trabajadores del medio habrían cortado el tapiz de los asientos de uno de los coches del tren Lima Chosica tras ingresar a este “sin autorización”. Ello como respuesta a una nota en la que La República mostraba trenes deteriorados. Los trenes tienen 40 años de antigüedad. Tras los comunicados, la periodista Grecia Infante fue amenazada de muerte y sujetos extraños contactaron a su familia para que se abstenga de informar sobre el caso. Asimismo, un grupo de simpatizantes del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó en las instalaciones del diario para gritar insultos y hacer pintas en la fachada.

Caso Huaraz: la periodista Gudy Gálvez Tafur, directora del medio Huaraz Noticias, de la región Áncash, se ha convertido en blanco de amenazas de muerte. Huaraz Noticias informó que ha venido informando sobre presuntos manejos ilícitos y actos de corrupción en obras públicas en la ciudad de Huaraz. En un mensaje de texto, un interlocutor le escribe: “Estás que maleteas mi obra en Huaraz. Una más y te mueres, reputa […] A cada uno de tus viejos lo [sic] voy a bajar”.

Caso Dina Boluarte: Palacio de Gobierno rechazó entregar información pública al programa Punto Final, del canal Latina, sobre los gastos de alimentación asignados a la presidenta Dina Boluarte y su familia a través de una tarjeta recargable. Palacio señaló que dicha información ponía en riesgo la seguridad de Boluarte porque podía ser blanco de “posibles atentados terroristas y/o criminales”.

Caso ‘Ley mordaza’: la Comisión Permanente del Congreso agendó el debate de la denominada ‘Ley Mordaza’, que busca ampliar las penas de cárcel y difamación –e incluir dentro de este último delito la figura de violación a la intimidad– y reducir a un día la rectificación de los medios de comunicación, que además deberían publicarla tres días consecutivos. El dictamen, impulsado por Perú Libre y el Bloque Magisterial, fue aprobado en primera votación en marzo con 36 votos.

Caso Marco Sifuentes: el periodista Marco Sifuentes, del programa digital La Encerrona, fue denunciado por la congresista Patricia Chirinos por el delito de difamación agravada. Sifuentes mencionó, en diciembre del año pasado en el programa de streaming Pitucos marrones, antecedentes de Chirinos –de manera general– en un contexto de conversación sobre delincuencia. Según la denuncia, el periodista señaló que la congresista sería una “jefa de sicarios”. Cuando fue presentada, en mayo, el Poder Judicial declaró improcedente la querella pues Sifuentes realizó “una crítica amparada en la libertad de expresión”. Chirinos apeló.

Las agresiones

El fotógrafo de Wayka Juan Zapata y su colega independiente Juan Mandamiento fueron agredidos por policías mientras cubrían las manifestaciones de deudos de los asesinados durante las protestas de 2022 y 2023. Asimismo, periodistas del programa Panorama, de Panamericana Televisión, fueron agredidos por familiares de una empresaria que ganó grandes licitaciones del gobierno regional de La Libertad. Los hechos ocurrieron mientras los periodistas buscaban información a las afueras de la casa de la empresaria.

Caso ONG

Una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió, en relación a un caso de violación de derechos humanos de una ciudadana peruana, que el Estado peruano “deberá garantizar que los representantes de las presuntas víctimas del caso [en cuestión] puedan ejercer libremente la representación legal […] ante este Tribunal en todas las etapas del proceso internacional”. Este derecho está en duda desde que fue promulgada la ley que fortalece la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que una vez reglamentada podrá vetar actividades financiadas, impedir la actuación de privados hasta obtener autorización del Estado, limitar la litigación de asociaciones contra el Estado y hasta cancelar registros de organizaciones que financian actividades que puedan afectar el “orden público”.

Posición institucional del Consejo de la Prensa Peruana

La tendencia de funcionarios públicos de instrumentalizar la figura de delitos penales para perseguir y hostigar periodistas recrudeció en julio. Denunciar a periodistas por reglaje –en el caso de Latina– y por formar bandas criminales –en el de Willax– se está normalizando en el Perú, a pesar de que en realidad lo que hacen es informar a la ciudadanía sobre asuntos oscuros en la gestión pública.

Para el Consejo de la Prensa Peruana, el asesor presidencial Juan José Santiváñez y la fiscal Marita Barreto abusan de la ley y la direccionan para perseguir periodistas. No es novedad: ya lo han hecho en anteriores ocasiones. En el pasado reciente, funcionarios como congresistas y fiscales han optado también por similares denuncias descabelladas, equiparando la labor informativa de los periodistas con actos criminales, y otras han aprovechado su condición de mujer para enmarcar sus denuncias como actos de agresión de género.

Por otro lado, la amenaza contra la vida de las periodistas Grecia Infante y Gudy Gálvez debe tomarse con la mayor de las alarmas, toda vez que este año ya han sido asesinados dos periodistas y la vivienda de otro ha sido baleada. En esa línea, esta organización rechaza las actitudes agresivas que la Municipalidad de Lima –y algunos vándalos– tuvieron contra el diario La República. La denominada ‘Ley Mordaza’ es un intento más, de muchos otros en los últimos cinco años, de ampliar las penas de cárcel no solamente contra periodistas, pues puede ser aplicada contra cualquier ciudadano con opiniones disidentes del poder de turno.

En una nota positiva, el Consejo de la Prensa Peruana celebra la resolución de la CIDH, pues si bien se refiere a un caso específico, puede sentar un precedente para aquellos defensores de las libertades de expresión y de prensa en el Perú que llevan denuncias al ámbito internacional y que, con la nueva ley APCI, podrían ser perseguidos.

Foto Consejo de la Prensa Peruana