La presidenta del Poder Judicial, ratificó que no aceptarán injerencias en este poder del Estado ni permitirán que se convierta en un instrumento al servicio de la política y afirmó que la independencia judicial es indispensable, pero que esta no solo se refiere a la autonomía individual de cada juez sino también a la independencia colectiva del Poder Judicial como institución y no esté subordinado a influencias externas, ni políticas ni económicas, y que su función se ejerza con objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución y las leyes.

Así se expreso en su discurso de orden en la sesión solemne al recordarse el lunes 04 de agosto el Día del Juez en el país, la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello, acto al que asistieron autoridades nacionales de los poderes públicos y magistrados judiciales.

La máxima autoridad judicial explicó que el desempeño de las juezas y jueces no debe entenderse como un rol de carácter político o que está al servicio de intereses particulares ya que su labor es esencial, y exclusivamente, la defensa de la justicia y de los derechos, la justicia no es un juego de poder ni de conveniencias, es la aplicación equilibrada y justa de la ley para todas y todos, sin distinción.

Tello consideró preocupante escuchar posiciones sobre el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, va en contra de la línea histórica que el Perú asumió como promotor del Derecho Internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos de la región y el mundo ya que no se debe entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos por tratados de los que el Perú es parte ya que nuestro país participó de manera activa en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (en 1945) y que formamos parte del Sistema Interamericano de Justicia, desde 1978.

La presidenta del Poder Judicial, De otro lado, remarcó que las juezas y jueces están trabajando en un proceso constante de auto reforma para convertirse en instrumentos de cambio para mejorar la celeridad en la resolución de los casos, el acceso a la justicia y la incorporación de las tecnologías que permitan una administración eficiente y transparente.

Manifestó que lo que se necesita es una reforma que apunte a consolidar una judicatura robusta, tecnológicamente equipada, en continua transformación hacia la celeridad y la modernidad, y con un presupuesto autónomo y suficiente que no sea menor del 4 % del PBI.

Tello Gilardi anunció que remitirá al Congreso de la República, en el marco de las facultades de iniciativa legislativa de la institución, una propuesta integral de reforma de la organización y funcionamiento de este poder del Estado y esta propuesta contendrá el diseño de una Corte Suprema dedicada principalmente a preservar y proteger la aplicación debida del derecho en armonía con los principios y valores democráticos, y dejar de ser utilizada como una tercera instancia convirtiendo en interminables los procesos.

La magistrada suprema mencionó que uno de los retos más grandes que enfrentan las juezas y jueces es la creciente inseguridad ciudadana y reiteró que la respuesta a este flagelo seguirá siendo decidida, firme y justa, evitando cualquier tipo de impunidad bajo responsabilidad y para tener éxito en esta lucha es necesario contar con herramientas, algunas de las cuales fueron recortadas como la detención preliminar, que por largos meses no pudo ser utilizada por las juezas y jueces, y así muchos criminales siguieron delinquiendo.

Consideró preocupante el debilitamiento de la figura de la extinción de dominio, pues, según dijo, permitirá que fortunas mal habidas ingresen a la economía y sirvan de alimento para el crecimiento del crimen ya que ley neutralizó la eficacia de los procesos de extinción de dominio, al suprimir su autonomía respecto de otros procesos judiciales; luego, con todo respeto, el Tribunal Constitucional ha decidido que no alcance a ninguna fortuna mal habida vinculada a delitos previos al 2018.

Expresó asimismo su preocupación por los cambios realizados al marco normativo que sanciona el crimen organizado, razón por la cual, informó, ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso para revertir esta situación y saludó a los poderes Legislativo y Ejecutivo por la aprobación y promulgación de la Ley del Sistema de Flagrancia Delictiva en mayo pasado y solicitó a la presidenta Dina Boluarte el presupuesto para su implementación a nivel nacional, no solo para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público, Policía y Defensa Pública.

En su discurso Tello Gilardi se refirió al importante rol que cumplen las juezas y jueces provisionales en el sistema de administración de justicia y afirmó que la Corte Suprema está integrada por veinte jueces titulares distribuidas en tres salas; sin embargo, existen once salas conformadas por 16 jueces titulares y 39 provisionales para atender una carga mensual que sumaría más de 15 mil expedientes.

La autoridad judicial graficó una situación que ocurre en el área contencioso administrativo donde el Estado es la parte demandada, en la que hasta junio de este año se interpusieron más de 10 mil recursos de casación, de las cuales más de 95 % corresponden a personas en condición de vulnerabilidad y solicitó a la Procuraduría del Estado revisar esta ley y que, a la brevedad, haya el desistimiento respectivo, tal como sucedió cuando la Oficina de Normalización Previsional nos escuchó y asumió tal conducta procesal”, sostuvo.

En la parte final de la ceremonia, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, ofreció un mensaje a las juezas y jueces, y destacó su rol en la defensa del Estado de derecho constitucional. A la sesión solemne, asistieron al acto el presidente del Congreso, José Jerí Oré; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, y otras autoridades.

Foto PJ