El proyecto de ley de amnistía que aprobó el Congreso es inconstitucional e inconvencional por lo que los jueces podrán aplicar el control difuso y control de convencionalidad afirmó el presidente de JUSDEM (Asociación de Jueces por la Democracia), Dr. Luis Madariaga Condori, quien actualmente es juez superior de la Corte de Justicia de Arequipa, quien fue entrevistado por el Día del Juez en el país. Madariaga afirma que urge modificar el sistema de nombramiento de jueces, debe crearse la Escuela Judicial y exige que se apruebe la ley de jubilación de los magistrados y reveló que hay la intención del Congreso de controlar el Poder Judicial. Compartimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.

¿Qué es el JUSDEM y cuáles son sus objetivos?

El JUSDEM es una asociación de jueces por la justicia y democracia que reúne a magistrados en distintos niveles que se formó después del autogolpe de Fujimori en 1992 cuando fue intervenido el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Desde esa fecha un grupo de magistrados independientes decidimos fundar el JUSDEM para luchar por los derechos fundamentales. Yo estoy en la asociación hace 15 años y soy su actual presidente hasta octubre del 2025. Luchamos por la independencia judicial y su autonomía, combatimos la corrupción con nuestras resoluciones judiciales motivadas.

¿Cuántos asociados tiene el JUSDEM?

Somos más de cien magistrados judiciales a nivel nacional en todos los niveles desde jueces de paz hasta jueces supremos.

El Poder Judicial tiene iniciativa legislativa por mandato constitucional y ley. ¿Están haciendo uso de ese derecho constitucional el Poder Judicial para mejorar los servicios judiciales o no?

La iniciativa legislativa la tiene la presidenta del Poder Judicial y nosotros damos sugerencias y algunas ideas. Yo recuerdo al ex presidente de la Corte Suprema, Dr. Víctor Prado, que presentó el proyecto de ley que proponía que todos los magistrados de todos los niveles elijan al presidente del Poder Judicial que está encarpetado en el Congreso. Hoy en nuestro actual sistema de elección del presidente del Poder Judicial es inconstitucional y restrictivo ya que solo los jueces supremos eligen y los demás jueces no tenemos ese derecho lo que es injusto y discriminatorio. El presidente del Poder Judicial debe ser elegido por voto universal para tener legitimidad. Los congresistas eligen a su presidente, y al presidente de la república lo eligen los peruanos. Por lo tanto, el Poder Judicial debería democratizarse cambiando su Ley Orgánica ya que actualmente tiene una estructura vertical.

¿Qué otras reformas constitucionales o legales requieren en el Poder Judicial?

Urge modificar el sistema de nombramientos de jueces del país ya que se cuestiona que los jueces nombrados no son los más idóneos ya que hay algunos jueces acusados de corrupción. Una propuesta sería la creación de la Escuela de Magistrados que por formación y meritocracia accedan al cargo y no como sucedió con el ex Consejo Nacional de la Magistratura con los problemas de corrupción denunciados años atrás. Hoy se cuestiona al presidente de la JNJ Gino Ríos porque tuvo una sentencia judicial. El actual sistema de nombramientos no es fiable y presta a acomodos y manipulaciones de jueces y fiscales. Deben también eliminarse la ratificación de jueces y la evaluación debe ser permanente con la Escuela Judicial. Hay un proyecto de ley que presentó la ex fiscal, Gladis Echaiz que no se debate y está encarpetado en el Congreso.

La Junta Nacional de Justicia en su memoria anual 2024 informó que el 51% de jueces en el país son jueces provisionales en el Poder Judicial lo que es un porcentaje altísimo. ¿Por qué hay tanto porcentaje de provisionales y que está fallando?

Siempre hubo provisionalidad en el Poder Judicial y lo que está fallando es el sistema de nombramientos de la Junta Nacional de Justicia. Hay mucha carga, pero también ellos tienen que ver con procesos disciplinarios. El modelo de nombramientos no funciona para eliminar la provisionalidad de jueces hoy. Asimismo, los reglamentos de la JNJ no fueron adecuados a los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de esos reglamentos afirma que un juez retirado no puede regresar al Poder Judicial y está prohibición ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero se mantiene en uno de los reglamentos de la JNJ y no se adecuó a lo que resolvió el TC. El nombramiento de jueces le da mayor independencia al juez en su cargo, pero el juez provisional está sujeto a condicionamientos y puede implicar que emita resoluciones que no se ajusten al Derecho.

Más allá de la independencia y autonomía que ustedes exigen a los poderes públicos, ¿Cómo puede usted explicar que en las encuestas el sistema de administración de justicia no está bien posicionados los jueces y fiscales ante el soberano?

Este tema de la confianza afecta también a otros Estados, pero es cierto que nuestra imagen ante la población no es la mejor. Mire usted, en un proceso alguien gana y alguien pierde. Aquí juega un papel importante la prensa y acusa a los jueces de corrupción y morosidad. En España, por ejemplo, se capacita a los periodistas en temas judiciales y los que aprueban el curso están en una relación y son autorizados para emitir opinión sobre temas judiciales con mayor rigor, pero aquí no sucede eso en el país.

¿Por qué en casos emblemáticos o de interés público los jueces cuando emiten sentencias no sustentan sus fallos judiciales ante los cuestionamientos de la sociedad?

El sistema judicial no exige al juez que sustente sus fallos a los ciudadanos públicamente, pero si nos obliga a que tengamos motivación en los procesos judiciales que tenemos en las resoluciones que emitimos. Es cierto que en algunos casos algunos jueces no tienen buena motivación en sus resoluciones y tiene falencias y limitaciones al no tener una Escuela de Formación Judicial que capacite en forma permanente a los magistrados. Lo contrario es lo que se da en el sistema americano de justicia de jurados es irracional porque no se les exige  a sus integrantes a motivar o sustentar sus fallos.

¿Cómo evalúa usted como presidente del JUSDEM el trabajo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial?

Los anteriores CEPJ no solucionaban nuestras demandas de los jueces, pero debemos reconocer que en el actual CEPJ donde están los jueces mistianos, Ramiro Bustamante y Jhony Cáceres, han conseguido reivindicaciones económicas postergadas que pedíamos los magistrados. Está pendiente la ley de jubilación de los jueces que hoy es indigna. Hoy cuando un policía se jubila saca mejor pensión que un juez que tiene un básico y no son pensionables y al salir de la carrera judicial su pensión bordea los mil soles lo que es indigno.

¿Puede usted explicar cómo magistrado por qué razones algunos procesos judiciales duran desde tres años hasta treinta años?

Son diversas las causas. Con el antiguo Código Procesal Civil los procesos duraban hasta 20 años, y hoy con los procedimientos civiles datan desde 1993.  Hubo cambio de modelo que otorga al juez mayores facultades para conducir un proceso y evitar conductas dilatorias. Se planteó oralizar lo que no se concretó por falta de apoyo presupuestal. También hay una cultura de litigio de algunos abogados y litigantes con apelaciones y nulidades que retrasan los proceso y se postergan audiencias. En Arequipa se ha incrementado la carga procesal por el crecimiento económico y en esa misma proporción no aumentó el número de jueces en la Corte Superior. Pese a ellos hemos mejorado en Arequipa y hay desalojos que pueden salir hasta en tres meses sino son casos complejos.

¿Qué inconductas procesales y antiéticas observa usted como juez en los abogados?

Yo observo que muchos abogados no están actualizados en legislación. Presentan demandas que están en contra de precedentes del Tribunal Constitucional en temas constitucionales, y otros sabiendo que sus demandas no tienen futuro. Asimismo, no toman en cuenta los plenos casatorios de la Corte Suprema o litigan con normas derogadas. En algunos casos hay improvisación en algunas demandas de abogados lo que desprestigia a la administración de justicia. Ellos deberían capacitarse mejor y en ese tema esa función debe cumplir el Colegio de Abogados.

El Congreso ha creado múltiples comisiones para revisar algunos Códigos vigentes en el país y plantear algunas modificaciones. ¿Qué opina de ello?

Hay un exceso de comisiones de trabajo del parlamento y hay una comisión de reforma que preside la congresista Alva, pero los jueces no somos escuchados. Ellos quieren reformar los códigos desde fuera al Poder Judicial que no conocen desde dentro los puntos críticos. Hay una intención política direccionada para controlar el Poder Judicial. Tenemos una independencia judicial formal, pero no material y real con una autonomía económica y presupuestal y tenemos limitaciones de personal, infraestructura y equipamiento.

El Congreso aprobó la ley de amnistía y falta la promulgación por parte de la presidenta Boluarte, lo que ha generado apoyo y rechazo en la comunidad jurídica y sociedad peruana. ¿Cuál es la opinión del JUSDEM y este tema importante debe ser tratado como asunto de Estado o de gobierno?

El Congreso está aprobando algunos proyectos de ley inconstitucionales e inconvencionales. En el caso de la ley de amnistía no puede darse porque esa norma en delitos de lesa humanidad en favor del exceso de militares y policías. Dicha ley va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los familiares de personas asesinadas y torturadas décadas atrás han recurrido a la CIDH y está organización ha pedido al Estado Peruano que detenga dicha ley e invocó a los jueces para que realicen control de convencionalidad y no apliquen la ley de amnistía que violan derechos humanos. El Congreso debería asesorarse mejor para evitar aprobar proyectos de ley que van contra la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La presidenta Boluarte afirmó que el Perú es soberano y no es colonia de nadie, mientras que el primer ministro ha sostenido que el tema será consultado al país. ¿Cómo ve usted la posición del gobierno y el asunto debe ser abordado como tema de gobierno o de Estado?

El gobierno debe analizar con objetividad el tema porque pretende desconocer normatividad internacional que Perú ha suscrito ante la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay una improvisación que pretende aprobar normas que atentan contra principios de la CIDH. No estoy de acuerdo con las afirmaciones de la presidenta Boluarte de desconocer a la CIDH y la Convención Americana de Derechos Humanos que es el último bastión que tienen los ciudadanos para proteger sus derechos a nivel continental. No es conveniente apartarnos y el Perú debe mantenerse en ese organismo internacional de derechos humanos.

¿Qué reflexión final haría a sus colegas por el día del juez y a la sociedad peruana?

Más que el día del juez debería ser el día de la justicia. Los jueces debemos reflexionar con seriedad y meditar para que fuimos nombrados y cuál es nuestra misión ante la sociedad peruana. Yo creo que nosotros no administramos justicia, impartimos justicia, debemos garantizar a los ciudadanos la Constitución y los derechos humanos e igualdad ante la Ley. No ceder ante presiones externas. El Poder Judicial tiene como función la paz social, ya que el Estado y la justicia no llega a todos los pueblos porque hay personas postergadas. Hoy algunos congresistas nos quieren quitar el control difuso a los jueces y eso sería como quitarnos el alma y desconocer el equilibrio de poderes que garantiza nuestra Constitución.