La presidenta Boluarte en ceremonia de graduación de 670 efectivos de la Policia Nacional en Lima, rechazó la petición de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien solicitó al Estado Peruano suspender el trámite de la ley de amnistía que aprobó el Congreso o inaplicar dicha norma que contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos.

Boluarte en su alocución, afirmó que el Perú es libre e independiente con autonomía y soberanía y eso debe quedar bien claro ya que no somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras fuerzas armadas.

La mandataria remarcó que no permitirá la interferencia internacional contra la policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas.

Dina Boluarte, refirió que continuará firme en la lucha contra la criminalidad durante su último año de gestión y no darán un solo paso atrás y no va a vamos a claudicar. La jefa del Estado destacó que la graduación de los nuevos suboficiales fue posible gracias a una coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para atender el déficit de policías en el país.

Breve comentario del tema

Indignante y vergonzoso que quien representa al país ante el mundo, tenga expresiones de enfrentamiento ante un organismo internacional de derechos humanos del cual el Perú es signatario. El tema lo ampliaremos más adelante, pero solo adelante tres argumentos en contra de las expresiones de la inquilina de palacio de gobierno que no está bien asesorada o creé que el Derecho Internacional es un saludo a la bandera.

En primer lugar, Boluarte, desacata el art. 55 de la Constitución que señala que, “Los Tratados celebrados por el Estado y en vigor forma parte del derecho nacional”. Perú suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos el 12 de julio de 1978. El instrumento de ratificación se depositó en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 28 de julio de 1978, por lo que nuestro Estado aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de enero de 1981 que hoy Boluarte rechaza y desacata.

Boluarte, no puede desacatar el art. 55 de la Constitución y si lo hace cometerían infracción a la Constitución y debería ser acusada por eso, pero también podría ser acusada por desconocer el Tratado de Viena que señala en resumen que los Estados deben respetar todos los Tratados, Convenios y Protocolos Internacionales que suscriben. Si un gobernante quiere salirse de estos instrumentos internacionales tiene que seguir el procedimiento que regulan dichos Tratados. ¿Boluarte no está denigrando nuestra imagen internacional con estas expresiones contra la CIHD o es su deber proteger el prestigio del país en todos los foros nacionales o extranjeros donde ella intervenga?

Un segundo argumento es que el, art. 01 de la Constitución afirma que, “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, mientras que el art. 02 inciso 1 de la Carta Magna refiere que, “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”.

Por lo tanto, el Estado y quienes lo representan, sean autoridades o agentes estatales como los militares, policías y civiles, tenemos la obligación constitucional de defender a la persona humana, su dignidad, la vida de nuestros compatriotas y su integridad.

Con mayor, el Jefe de Estado, no puede avalar asesinatos, ni convalidar leyes de amnistía como pretende Boluarte y la extrema derecha parlamentaria que domina el parlamento. Desde la presidencia no se puede tolerar que “algunos gallinazos” que visten uniformes de la policía y militares asesinen y masacren a la población indefensa y ellos hagan justicia con sus propias manos. No estamos en la ley de la selva y hoy ya estamos en el siglo XXI donde prima el Estado Constitucional de Derecho y todo el que delinque tiene que ser sancionado.

No podemos permitir que desde el Estado se promueva la impunidad, ya que colisiona con el derecho a la justicia y el derecho a la verdad al que tienen derecho los familiares que han perdido a sus seres queridos en el siglo pasado.

Un tercer argumento es que el art. 139 inciso 2 de la Constitución, sobre principios y derechos de la función jurisdiccional de los jueces sobre la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, afirma que, “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”.

La ley de amnistía aprobada por el Congreso, abiertamente colisiona con el art. 139 ya que se pretende suspender las investigaciones contra violadores de derechos humanos entre la década del ochenta y del año dos mil en el país, ya que pretende apartarlos de los procesos judiciales que están en marcha lo con colisiona con la Carta Magna.

Podríamos seguir enumerando más argumentos, pero lo ampliaremos en otra ocasión. Boluarte tiene plazo hasta el 15 de agosto para promulgar u observar esta cuestionada ley. Todo parece indicar que la inquilina de palacio de gobierno promulgaría la ley de amnistía o impunidad, presionada por la extrema derecha que la mantiene en el cargo que ostenta, lo que podría generar en las próximas semanas una ola de convulsión social y enfrentamiento entre peruanos que podría poner en suspenso las próximas elecciones generales del 2026.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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