El congresista Jorge Flores, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto dar un marco normativo, que permita la participación obligatoria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en los procesos electorales para la elección de las máximas autoridades de las universidades y colegios profesionales, para transparentar el procedimiento electoral y proteger los resultados.

Flores plantea la modificación del artículo 5 de la ley orgánica N°26487 – Ley Orgánica de la oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en los siguientes términos: a) Organizar todos los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares, asimismo participará como supervisor en forma obligatoria en los procesos electorales para la elección de los rectores, vicerrectores y decanos de las universidades privadas, como también en la elección de los decanos de los colegios profesionales.

Sugiere asimismo que se incorpore el Artículo 66-A a la Ley N° 30220 – Ley universitaria, con el siguiente texto: Artículo 66-A.- Fiscalización de la ONPE en procesos electorales universitarios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) participa de forma obligatoria en la fiscalización y supervisión técnica de los procesos electorales para la elección de decanos en universidades públicas. Esta función comprende desde la conformación del comité electoral hasta la proclamación oficial de las autoridades electas, garantizando la transparencia, legalidad y legitimidad de dichos procesos conforme a la normativa electoral vigente.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Flores señala que actualmente, los procesos de elección de las máximas autoridades universitarias como rectores, vicerrectores y decanos y de los decanos de los colegios profesionales se desarrollan bajo normas estatutarias propias, sin una regulación uniforme ni con la intervención obligatoria de un órgano especializado como la ONPE. Esta situación ha generado un alto grado de heterogeneidad, desconfianza y conflictividad en dichos procesos, afectando el desarrollo institucional de muchas de estas entidades.

Sostiene que los informes periodísticos, denuncias de miembros agremiados y pronunciamientos públicos revelan que, en diversas regiones del país, estos procesos electorales adolecen de falta de neutralidad, opacidad en el manejo de los padrones, escasa fiscalización de los comités electorales, ausencia de mecanismos de resolución de controversias imparciales, e incluso de conteos manuales sin mecanismos técnicos de control. Todo ello ha derivado en procesos anulados, doble proclamación de autoridades, elecciones judicializadas o, peor aún, paralización de funciones institucionales por falta de una autoridad legalmente constituida.

Asimismo, afirma que otro ejemplo paradigmático ha sido la elección de decanos en colegios profesionales donde, por falta de supervisión técnica y conflictos internos, no se han podido renovar las juntas directivas por años, provocando la pérdida de representatividad ante las instituciones públicas y afectando derechos fundamentales de sus colegiados como el ejercicio profesional, la colegiatura, el acceso a beneficios, entre otros.

Por todo ello, el problema central identificado radica en la falta de un mecanismo obligatorio de supervisión y fiscalización electoral técnica en estos procesos, lo cual abre paso a la manipulación, la discrecionalidad, la falta de garantías y la conflictividad institucional. Esta situación demanda una respuesta legislativa clara y eficaz, que disponga la intervención técnica obligatoria de la ONPE, en aras de proteger los derechos colectivos de estudiantes, docentes, profesionales colegiados y de la ciudadanía en general.