El ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Éspa, mediante Resolución Suprema 129-2026, publicado en el diario oficial, designó a María Soledad Garagorri Gottfried, como Directora Ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a partir de la fecha.

La resolución señala que, mediante Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI y sus normas modificatorias, se crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de la referida Ley Nº 27692, señala que la Dirección Ejecutiva de la APCI es el órgano responsable de la ejecución de la política fijada por el Consejo Directivo y es ejercida por el Director Ejecutivo, quien es designado por el Presidente de la República a
propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores. Sus funciones las ejerce a tiempo completo y son las previstas en el artículo 10 de la referida Ley Nº 27692.

A través de la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, se establecen los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función.

Que, en cumplimiento a la referida normativa, mediante documento de visto, la Oficina General de Recursos Humanos remite el Informe (ORH) Nº 072-2026, a través del cual, concluye que al amparo de lo previsto en el numeral 28.6 del artículo 28 del Reglamento de la Ley Nº 31419, aprobado por Decreto Supremo Nº 053-2022- PCM, la señora María Soledad Garagorri Gottfried, cumple con los requisitos mínimos para ocupar el puesto de Directora Ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI y no se encuentra impedida o inhabilitada para el ejercicio de la función pública.

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