La Fiscal de la Nación expresó que el Congreso ha aprobado siete leyes que interfieren con la actividad fiscal y la investigación del delito en los dos últimos años por lo que es una amenaza permanente al Ministerio Público que es un organismo constitucional autónomo que merece mayor respeto de los poderes públicos y de la sociedad.

Así lo expresó en su discurso de orden la Dra. Delia Espinoza, en la sesión solemne por el 44 aniversario del Ministerio Público, afirmando que las leyes cuestionadas son la 31751, 31990, 32107, 32108, 32130, 32182 y 32230, al tiempo de rechazar los proyectos de ley que están en agenda del Congreso por el cual se pretende que los jueces y fiscales del país se elijan por los ciudadanos lo que quebrantaría el principio constitucional de separación de poderes públicos que reconoce la Carta Magna.

Lamentó asimismo que se pretende aprobar el proyecto de ley que busca prohibir la cooperación internacional lo que privaría de apoyo técnico al Ministerio Público especialmente en capacitación a los fiscales, al tiempo de revelar que han emitido 27 opiniones técnicas a varios proyectos de ley ante el Congreso Nacional donde sustentan la posición de los fiscales del país.

Espinoza, remarcó que su gestión que se inició en noviembre del 2024, ha priorizado tres temas, entre ellos, la dirección institucional, la gestión administrativa y la gestión fiscal. En base a dichos lineamientos la Fiscal de la Nación, manifestó que pretende fortalecer la imagen institucional con mayor transparencia para lo cual se aprobó un reglamento donde los fiscales puedan exigir sus logros y limitaciones, pero también rendir cuentas en las redes sociales para que la sociedad conozca el trabajo fiscal.

La Fiscal de la Nación, reiteró su rechazo a la Ley 32330 que aprobó el Congreso que disminuye la edad de la responsabilidad penal común a 16 años para delitos graves, lo que incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú. Afirmó finalmente que en el país existe un sistema de tratamiento a los adolescentes que infringen la ley penal, donde los menores de edad reciben medidas socioeducativas severas de hasta 10 años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente reconociendo que se trata de una persona en formación.