El congresista Luis Kamiche el 26 de marzo presentó el proyecto de ley para crear la Superintendencia de Formalización y Fiscalización Minera – SUFORMIN, adscrita al Ministerio de Energía y Minas para lo cual sugiere se modifique el artículo 2° de Ley N° 32213, que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal.

La propuesta legislativa señala que el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal y La Dirección General de Formalización Minera ejerce sus funciones y la realización de los trámites y acciones administrativas requeridos para su formalización. Al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se le faculta la creación e implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y el Sistema de Ventanilla Única para la Formalización Minera; y la elaboración de una propuesta normativa de creación de la Superintendencia de Formalización Minera – SUFORMIN, que se encargará de normar supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y las actividades vinculadas con la minería informal.

El proyecto indica que la Superintendencia de Formalización Minera – SUFORMIN, a la que se refiere el artículo 2º de la presente ley, deberá estar adscrita al Ministerio de Energía y Minas y deberá encargarse de normar supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y las actividades vinculadas con la minería informal. Deberá tener personería jurídica de derecho público interno con autonomía técnica, administrativa y presupuestal; y constituir pliego presupuestal.

En la exposición de motivos, Kamiche, afirma que se calcula que los peruanos dedicados a la minería de pequeña escala (pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional) como trabajadores ya sea permanentes o eventuales suman, aproximadamente 400 mil, dato que debe ser tomado sólo como referencial debido a que no existe un registro confiable y exacto de los mismos.

Se afirma que la política de formalización minera (REINFO) aplicada por los sucesivos gobiernos del Perú no ha sido efectiva para solucionar los problemas de la informalidad de la pequeña minería y minería artesanal. La falta de capacidad del Estado para regular y controlar la informalidad en la actividad minera de pequeña escala ha facilitado que el crimen organizado intente controlar la actividad, como lo viene haciendo con los sectores de construcción civil, transporte, mercados, entre otros.

El plazo ampliado mediante Ley N° 32213, por sí mismo, no resolverá el problema público que el Estado no ha sido capaz de resolver con la política del REINFO. Kamiche señala que propuesta normativa no contraviene al ordenamiento constitucional ni vulnera normas vigentes por el contrario permitirá a más de 800 mil trabajadores vinculados a la minería informal y artesanal, ya sea permanentes o eventuales, que podrían cambiar su situación al formalizarse la actividad que ahora es mayormente informal contribuyendo al crecimiento económico del Perú.