La Jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, afirmó que en los últimos meses no hay avances notables de las gerencias regionales en la prevención de la contaminación hídrica en la provincia de Islay y lamentó que la gerencia regional de Salud no concluyó tampoco los tamizajes a la población del agua contaminada de la zona que fue declarada en emergencia por decretos supremos por el gobierno nacional.

Así lo informó la Dra. Andrea Sarayasi Tejada, quien precisó que han supervisado el Hospital de Camaná donde han comprobado que falta equipamiento por lo que será el Ministerio Público quien denunciará penalmente a los responsables. Manifestó que debe haber dialogo en Islay entre el gobierno y la población ante la oposición al proyecto minero Tía María, al tiempo precisar que el alcalde de Arequipa podría ser suspendido al ordenar desalojar la sala de sesiones para abordar temas de la Caja Municipal, ya que las sesiones son públicas por mandato de la ley orgánica de municipalidades.

¿Qué temas de interés público investigan en este mes de marzo 2025 en la Defensoría del Pueblo?

Estamos actuando en el Hospital de Camaná ya que no tienen equipo laparoscópico, ni rayos X ni ecógrafo. La gerencia de infraestructura tiene que investigar el tema de la carencia de estos equipos, conjuntamente con la Contraloría y la Fiscalía. Hay paralización de obras y eso afecta a los usuarios y la contratista tiene que responder. Será la Fiscalía la que indagará en que gestión se perdieron los equipos. Hemos pedido que el gobierno regional nos facilite información documentada sobre este caso. Hemos visitado también el Hospital Goyeneche para ver sus instalaciones y atención a sus pacientes.

¿Qué otro tema está investigando?

La contaminación del Rio Tambo que tiene altos índices de contaminación. Frente a eso hemos hecho una verificación al río Coralaque y como están actuando el ministerio de Minería. En nuestra visita hemos notado que el gobierno regional de Arequipa no está actuando en estos temas en la gerencia de Salud. Necesitamos saber si hay un protocolo de atención en este tema que empieza con el tamizaje a cargo del sector Salud y cuanto han avanzado, ya que la población afectada es la provincia de Islay. Sedapar se comprometió a efectuar el control de calidad del agua.

El gobierno ha emitido en los últimos meses varios decretos supremos declarando en emergencia hídrica esa zona donde sectores públicos asumieron varios compromisos. ¿Se están cumpliendo esos decretos o no?

Lamentablemente los decretos emitidos no fijan presupuesto adicional. Hay mesa de dialogo, pero no hay muchos avances. Se comprometieron a comprar maquinas para procesar el agua, nos han informado que debieron comprar 40, pero solo adquirieron 8 que son insuficientes para tratar los metales pesados. Nos preocupa que no se haya hecho todo el tamizaje a la población por parte de la gerencia de Salud.

En febrero hubo fuertes lluvias en provincias. ¿Qué reporte de daños y apoyo a esas zonas han supervisado ustedes desde la Defensoría?

En septiembre del 2024 la gerencia de riesgos y desastres del gobierno regional se comprometió a mejorar la red vial de distritos de la provincia de La Unión y Caylloma, lo que se ha agudizado en el periodo de lluvias del 2025 y no hay avances desde dicha gerencia regional afectando a la población de esos distritos. Nos han informado que algunas de estas obras se desarrollan por administración directa donde laboran trabajadores de construcción civil los que paralizan perjudicando a los usuarios lo que no puede tolerarse.

¿Qué empresas privadas que ofrecen servicios públicos están investigando ustedes?

Hemos actuado frente los cortes de fluido eléctrico que prestan empresas privadas como SEAL y hemos pedido que no afecte a entidades que prestan servicios públicos como los hospitales, y los semáforos en la ciudad.

¿Cuántas quejas han recepcionado ustedes de los ciudadanos sobre mal servicio de entidades públicas en Arequipa?

El año 2024 cerramos con 3,600 quejas y en estos dos meses y medio del año 2025 tenemos un millar de quejas. Las mayores quejas son por tramites administrativos en el gobierno regional y municipalidades ya que dichas entidades no responden información que demandan los ciudadanos. La segunda queja es cuando las personas piden información por transparencia y no les responden en plazo de diez días como señala la ley. La tercera queja frecuente es contra los hospitales por no dar citas, dan citas que no se cumplen, así como también hay quejas contra la gerencia de educación por demora en los tramites.

El gobierno emitió una norma legal el año 2024 que obliga a que en entidades haya el oficial de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. ¿Se está cumpliendo eso en las entidades de Arequipa?

Hemos notificado de ese caso a las municipalidades y solo han cumplido el 50%. Sin embargo, falta reglamentar dicha norma legal.

Hay un conflicto social latente en la provincia de Islay porque la población se opone al proyecto minero Tía María. ¿Qué actuación tiene la Defensoría en este caso en Arequipa?

En Islay y Caraveli el 2024 se registraron problemas por conflictos mineros. Hemos pedido que los ministerios estatales intervengan antes que se agudice el conflicto y nosotros promovemos el dialogo, tengo entendido que hasta no han sido escuchados por representantes del gobierno nacional.

¿Qué han priorizado en su plan de trabajo para el año 2025 en Arequipa?

Hemos priorizado en la aplicación del modelo de integridad contra la corrupción en la gestión pública en Arequipa y con la oficina regional de integridad del gobierno regional. Ellos tienen una Secretaria de Integridad y han incorporado en una medición a algunas gerencias regionales en el año 2025 lo que era necesario.

Finalmente, quiero abordar un tema de transparencia municipal. En el mes de enero y febrero 2025 en tres sesiones consecutivas y públicas que presidió el alcalde provincial, Víctor Rivera, al concluir la agenda de sesión, solicitó a los ciudadanos y periodistas que abandonen la sala ya que iban a abordar con los regidores temas reservados relacionados a la Caja Municipal. ¿Puede el alcalde ordenar desalojar la sala y tiene base legal que temas como la Caja Municipal sean abordados en secreto cuando las municipalidades deben actuar con transparencia ante la sociedad y la prensa?

No tiene base legal. La ley orgánica de municipalidades y los reglamentos de sesiones contempla solo como excepciones los datos personales de los regidores, y las sesiones pueden ser reservadas cuando se afecta la integridad o imagen de una persona. Esas son las únicas reservadas que señala la ley de municipalidades, por lo demás las sesiones son publicas y cualquier persona o periodista tiene acceso a esas sesiones por transparencia. No puede haber restricciones ya que estarían incumpliendo la ley de municipalidades y cada municipio tiene su reglamento interno que tampoco puede restringir la participación de los ciudadanos.

¿Es un delito o falta administrativa restringir el acceso de personas a las sesiones?

Eso puede ser sancionado aplicando el reglamento interno con una suspensión por incumplir la ley de municipalidades.

¿Qué va a pasar si el alcalde Rivera en próxima sesión pide el desalojo de la sala para tratar el tema de la Caja u otro tema?

Pediría que nos hagan llegar a la Defensoría mayor información sobre este tema y las pruebas correspondientes para pronunciarnos oficialmente, porque se estaría restringiendo la participación de ciudadanos y se incumple la ley de municipalidades, lo que podría llevar a que se pueda suspender al alcalde provincial.

¿Qué acciones esta tomando su despacho ante el desborde del crimen organizado que afecta a la población?

Estamos preocupados ante este problema, nos hemos reunido con el jefe de la región policial en mesas de trabajo para coordinar acciones y proteger a la población mistiana.

Foto Prensa Regional