El Instituto de Defensa Legal (IDL) repudia la aprobación de la nueva Ley APCI, la cual, bajo el falso argumento de mejorar procedimientos de fiscalización, ahora se convierte en una norma que solo tiene como objetivo multiplicar las sanciones arbitrarias contra las ONG y prohibir que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ejerzan su derecho de acceso a la justicia.

La norma aprobada ha incorporado —a modo de contrabando— una disposición que establece que a partir de ahora es una falta muy grave que las ONG ejerzan acciones judiciales contra el Estado.

O sea, la defensa o litigio de casos de violaciones de los derechos humanos de las víctimas de los crímenes del Estado ante instancias nacionales o internacionales pasa a ser una actividad prohibida y sancionable. Esto constituye una grave vulneración del derecho a la defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva.

Bajo el nuevo marco normativo, las organizaciones no gubernamentales que defiendan los derechos fundamentales de aquellas víctimas de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, periodistas acosados, operadores de justicia amenazados, protestantes violentados o asesinados, podrían ser sancionadas con multas de hasta 400 UIT, lo que equivale a casi 2 millones de soles.

La consigna detrás de esta norma es una sola: acosar y perseguir a las ONG, y silenciar a quienes defienden los derechos humanos. No se trata de transparencia ni fiscalización, sino de una represalia contra quienes, durante décadas, han litigado en defensa de las víctimas de abusos del poder, la corrupción y las violaciones a los derechos fundamentales.

El IDL alerta al país que esta ley viola el artículo 139 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la justicia, así como múltiples tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.

Asimismo, se suma a un cada vez más preocupante patrón de medidas autoritarias impulsadas por sectores que buscan debilitar la democracia y el Estado de derecho, frente a las cuales, como una organización de la sociedad civil, anunciamos que no nos quedaremos en silencio.

Emprenderemos todas las acciones legales necesarias para revertir esta grave amenaza contra la sociedad civil y el derecho de los pueblos a defenderse. Hacemos un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a las instituciones democráticas a unirse en defensa de los derechos fundamentales y la justicia en el Perú.

¡No nos callarán!

Instituto de Defensa Legal