El 17 de febrero el ciudadano Fulgencio Ruiz Herrera, Presidente de la  APROVIP Cachendo, mediante oficio dirigido al presidente del Consejo Regional, Osias Ortiz y a los consejeros regionales, les requirió que investiguen y sancionen al gobernador Sánchez y sus funcionarios por no ejecutar o disponer la ejecución de las actuaciones y actos administrativos para cobrar a la empresa minera Souther Perú Cooper Corporación por 30 millones 404 mil 415 soles por derechos de servidumbre, sin considerar los intereses legales desde la entrega de tres predios a dicha empresa hace más de una década.

Ruiz, sostiene que pese a que la Resolución 150-2018-GRA-GGR, en su art. 04 ordena inscribir la servidumbre otorgada a favor de la Souther en la partida 124010826 de la SUNARP, esto a la fecha no se ha realizado con lo que empresa minera para esta propiedad y las otras dos, y se habría evitado el pago anual del impuesto predial incumpliendo de esta forma lo que establece el acta de entrega provisional que ordena que dicha empresa asumía a partir de dicha fecha los tributos correspondientes al inmueble y toda deuda que se genere por la posesión del inmueble a partir de dicha fecha.

El ciudadano agrega que el 18 de noviembre del 2020 mediante ordenanza regional 437-Arequipa, se aprobó la zonificación ecológica de Arequipa que es el instrumento de gestión del territorio de más alta jerarquía aprobado con rango de norma ley a nivel regional, instrumento que según el DS 097-2004-PCM del reglamento, se precisa sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.

Señala que en la zonificación ecológica de Arequipa vigente, los predios han sido zonificados como zona con aptitud para cultivos de frutales y otros perennes con potencial hídrico subterráneo y zona de valor bioecologico por biodiversidad especies y ecosistemas singulares, los que son totalmente incompatibles con la actividad minera de la Southern que pretende a los predios como son la construcción y operación de una planta de procesamiento de 100 mil toneladas día de mineral y deposito de ripios y relaves.

El oficio de Ruiz Herrera, señala por tanto que debe investigarse al gobernador Sánchez y sus funcionarios ya que está afectando en la administración de propiedades estatales y perjudicando los exiguos ingresos de las Municipalidades de Cocachacra y Mejía.

Concluye, afirmando que caso contrario se vera obligado a iniciar las acciones judiciales correspondientes dirigiéndose al Ministerio Público por el delito de omisión de sus funciones de fiscalización de los consejeros regionales, haciéndolos responsables administrativa, civil y penalmente por los daños y perjuicios al Estado y a los ciudadanos por falta de fiscalización al ejecutivo regional de Arequipa.