El gobierno nacional presentó ante el Congreso el 07 de febrero el proyecto de ley que tiene por objeto modificar los artículos 195, 226, 227, 228, 229 y 230 del Código Penal, así como incorporar el artículo 226-A, con la finalidad de complementar las disposiciones en materia penal relacionadas con los delitos-que se cometen contra los bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural, de épocas prehispánica, virreinal, republicana o contemporánea, así como contra los bienes integrantes del patrimonio paleontológico, a fin de fortalecer las acciones de protección de dichos bienes.

La propuesta legislativa en su exposición de motivos afirma que, de acuerdo con nuestra Constitución, ¡el Estado es responsable de la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y promoción de los bienes del patrimonio cultura! y paleontológico. Asimismo, según lo estipulado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO de 1972, el Perú asumió la obligación de proteger y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural situado en su territorio, así como adoptar una política general encaminada, entre otros a perfeccionar los métodos de intervención que permitan a su administración hacer frente a los peligros que lo amenacen; y a adoptar las medidas jurídicas adecuadas para proteger el patrimonio cultural.

En el Perú, uno de los mecanismos para garantizar la protección de los bienes del patrimonio cultural es la posibilidad de ejercer la actividad punitiva, la cual tiene, entre otros, la finalidad de desincentivar la comisión de actos que contravengan los bienes del patrimonio cultural y del patrimonio paleontológico. De este modo, actualmente, el Código Penal, hay varios artículos que califican como conductas delictivas en contra de los bienes del patrimonio cultural y paleontológico.

Sin embargo, esta regulación no ha resultado suficiente ni efectiva para desincentivar la comisión de atentados contra el patrimonio cultural y paleontológico. El proyecto señala que, según el Ministerio de Cultura, entre 2013 y 2024, hemos pasado de contar con 288 a 15,669 alertas por afectación a bienes culturales.

El patrimonio arqueológico es el más afectado, con un incremento de 227 alertas en 2013 a 10,228 en 2024, mientras que las alertas sobre bienes históricos-culturales también han aumentado, de 61 a 5,120 en el mismo periodo, afectando elementos esenciales para la identidad nacional. En el caso de los bienes paleontológicos, alcanzaron un nivel constante de 323 alertas anuales desde el año 2020, mostrando una tendencia preocupante.

A nivel geográfico, si bien 6,788 alertas provienen de Lima, lo que equivale al 43.32% del total, esto no necesariamente implica que Lima cuente con una mayor cantidad de bienes patrimoniales, mientras que, Cusco, que ocupa el segundo lugar con 4,372 alertas (27.90%), concentra una gran riqueza cultural e histórica debido a su pasado como centro del Imperio Inca y su relevancia como destino turístico internacional.

El gobierno señala que los datos presentados resaltan la necesidad de modificar y-ampliar la tipificación de los delitos contra el patrimonio cultural-y patrimonio paleontológico para abordar las conductas y situaciones que tienen un impacto irreversible sobre dichos bienes y, en consecuencia, en la identidad cultural, histórica y social del país y la humanidad.

La modificación alinearía la normativa nacional con los compromisos internacionales asumidos por el Perú, fortaleciendo la capacidad del Estado para preservar y recuperar bienes de alto valor cultural e histórico. Solo mediante una respuesta integral, que incluya sanciones efectivas y un fortalecimiento de las capacidades operativas, se podrá garantizar la-conservación del patrimonio cultural y asegurar su legado para las futuras generaciones.