196 conflictos sociales a diciembre 2024 reporta la Defensoría del Pueblo siendo 03 ubicados en Arequipa

Al mes de diciembre 2024, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dio a conocer que en el país se registró un total de 196 conflictos sociales, de los cuales 148 están activos, 80 están en proceso de diálogo, y 48 latentes, siendo 03 los conflictos sociales en la región Arequipa.
El mayor número de conflictos sociales se registró en Lima con 20 casos, Loreto 11, Piura 09, Tumbes 05, Ancash 04, Ayacucho 04, Huancavelica 04, Cusco 04, San Martin 04, La Libertad 04, y Moquegua 04.
En el caso de la región Arequipa, el nuevo conflicto social que se reportó por parte de pobladores del anexo Nauquipa, distrito de Cahuacho en Caravelí se oponen a que se siga explotando mineral irregularmente en concesiones mineras con el nombre NEMERLIN. El reporte da cuenta que se ha realizado acciones de protesta por parte de los pobladores impidiendo el acceso al campamento instalado en las concesiones, a la vez denuncian amenazas por parte de extranjeros, refiriendo que fueron contratados por los mineros informales. La Fiscalía de Caravelí viene llevando a cabo una investigación por los hechos mencionados.
Los actores primarios son los pobladores del anexo de Nauquipa en Cahuacho, Comunidad Campesina de Sondor – Cahuacho, Comunidad campesina Ayroca – Cahuacho y empresa minera NEMERLIN E.I.R.L. Los actores secundarios son la Municipalidad distrital de Cahuacho, Subprefectura de Cahuacho, Teniente Gobernador de la Comunidad Campesina de Ayrica, Teniente Gobernador de la Comunidad Campesina de Sondor, Teniente Gobernador del distrito de Cahuacho, Policía Nacional del Perú, Gerencia Regional de Energía y Minas, SERFOR, Gerencia Ambiental del GORE Arequipa, SERNAMP, Dirección General de Formalización Minera – MINEM, Oficina de Diálogo y Gobernanza del GORE Arequipa.
Desde el 17 al 19 de diciembre, personal de la Defensoría del Pueblo, estuvo en el anexo de Nauquipa del distrito de Cahuacho, a fin de supervisar la visita técnica de la Gerencia de Energía y Minas en la zona mencionada, la cual tenía como objetivo, verificar los registros del REINFO, existentes en dicho lugar y que la Gerencia Regional Ambiental, realice la verificación de los IGAFONES. No se pudiendo realizarse dichas acciones, por oposición de personas que alegan ser propietarios de la Mina.
El otro caso es de los agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay se oponen al proyecto Tía María de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) por temor a posibles daños ambientales. El caso fue reportado en agosto de 2009 hasta abril de 2011 en que se llega a una solución con la emisión de la Resolución Directoral N° 105- 2011 –MEM-AAM del Ministerio de Energía y Minas que declara inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María presentado por la empresa minera SPCC.
En agosto de 2014 se aprueba el EIA y el conflicto se reinicia produciéndose graves hechos de violencia. Ante el vencimiento del plazo de vigencia del EIA, el Gobierno le ha otorgado a la empresa la licencia de construcción. Esta decisión generó protestas en las provincias de Islay y Arequipa, A marzo del 2023, el proyecto Tía María fue considerado en la Cartera de Proyectos de Inversión del MINEM, lo cual ha generado protestas.
Otro caso latente es en la provincia de Islay, el 26 de diciembre, el representante del Frente de Defensa del Valle de Tambo anunció la posibilidad de una huelga indefinida en Islay, debido a la falta de respuestas de las autoridades sobre la contaminación del río Tambo y el proyecto minero Tía María. Asimismo, destacó que el diálogo con el gobierno ha sido inútil y que un paro sería la única opción para la solución de las problemáticas. Señaló que la calidad del agua se ha visto gravemente afectada por la contaminación, especialmente por la minera Aruntani. Aunque el Gobierno Regional de Arequipa ha planeado adquirir 13 plantas de tratamiento de agua, considera que esta medida no solucionará el problema de los metales pesados en el río Tambo.
Foto El Peruano