¿Cuáles son los seis riesgos políticos con miras a las elecciones 2026?

Ante la inminencia de un superciclo que incluye elecciones generales en abril del 2026 y subnacionales en octubre del mismo año, desde la Asociación Civil Transparencia hemos identificado 6 factores de riesgo electorales y políticos que pueden afectar la integridad, limpieza, transparencia y legitimidad de dichos procesos. Estos son los siguientes.
- La atomización partidaria y polarización y perdida de autonomía de organismos electorales y la falta de idoneidad de y dignidad de las candidaturas.
Podríamos llegar a una elección general con más de 60 partidos políticos inscritos. Tendríamos unos comicios generales con más del triple de partidos que en la ya atomizada elección previa. Una abundante oferta política produciría una confusión entre el electorado, una dificultad para un voto informado y la posibilidad de repetir una segunda vuelta con candidatos con poca representatividad. También es posible que se restrinja la participación y flexibilicen reglas para designar candidaturas. Estos factores contribuyen a dotar de baja legitimidad al proceso electoral en general.
- Perdida de autonomía de los organismos electorales.
Tras una larga y constante campaña de desprestigio apelando al argumento sin sustento del fraude y la desinformación, los principales organismos electorales se encuentran hoy debilitados frente a la ciudadanía. Además, por propuestas parlamentarias de público conocimiento, se encuentran en riesgo de sufrir una pérdida de autonomía institucional frente al poder político. Las interferencias en la autonomía e independencia de los organismos electorales representan un peligro vital para la integridad y legitimidad del proceso electoral.
- Falta de idoneidad y dignidad a las candidaturas.
La eliminación de la reelección y la debilidad orgánica de los partidos políticos para formar cuadros ha permitido la proliferación de personas advenedizas en cargos de representación, en muchos casos gracias al auspicio de economías ilegales como la minería ilegal o el narcotráfico. Es imperativo evitar que se presenten candidatos con evidentes cuestionamientos y sentenciados por delitos muy graves. También en los últimos años se ha desincentivado y ahuyentado a personas con trayectorias competentes e íntegras de participar en la política.
- Escasos consensos para la gobernabilidad con debilidad estatal.
En los últimos años se ha deteriorado la eficiencia y meritocracia estatal. No existe una agenda mínima de políticas públicas y reformas ante el evidente y acelerado deterioro de la gestión pública. Es muy probable que el próximo gobierno tenga cierta debilidad institucional y escasas alianzas para gobernar. Aún persiste cierto individualismo, recelo partidario y no existe un amplio consenso y voluntad de la clase política por suscribir un compromiso en torno a la integridad y la eficiencia de la gestión del aparato estatal.
- Fake News y desinformación.
Las campañas recientes en diversos países muestran que la desinformación y la epidemia de las fake news serán protagonistas del próximo ciclo electoral en nuestro país. Es probable, incluso, que se organicen campañas contra las instituciones civiles que buscan defender la democracia y vigilar el proceso electoral. Los ecosistemas de desinformación están siendo cada vez más identificados y documentados. Se debe contrarrestar el ataque dirigido a mejorar la credibilidad de personas e instituciones democráticas.
- Distorsión de la Bicameralidad.
Desde el 2026 el Perú contará nuevamente con dos cámaras. La adecuación reglamentaria se viene discutiendo con proyectos que podrían afectar la forma de elegir a nuestros representantes, la composición de ambas cámaras, y sus atribuciones legislativas y fiscalizadoras, lo que podría provocar una asimetría peligrosa en una relación ya desequilibrada entre los poderes del Estado. Además, la asignación territorial de escaños puede también producir o reforzar la subrepresentación de regiones y no reflejar la distribución de la población en el país.




