El jueves 18 de junio en una ceremonia protocolar la Junta Nacional de Justicia proclamó y tomó juramento a setenta y dos jueces y ciento setenta y dos fiscales seleccionados luego de un riguroso concurso público de méritos materia de diez convocatorias, consolidándose como la juramentación más numerosa de la historia del organismo autónomo.

El acto contó con la presencia de autoridades judiciales y políticas como el presidente (e) del Poder Judicial y la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; el fiscal de la Nación; Tomás Aladino Gálvez Villegas; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, entre otras autoridades.

En su discurso, la presidenta de la JNJ, doctora María Teresa Cabrera Vega, destacó que los magistrados que se incorporan al servicio de la nación provienen de diversos distritos judiciales y fiscales del país, demostrando el esfuerzo descentralizador de la Junta Nacional de Justicia y su firme voluntad de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia en todas las regiones.

Destacó que este nombramiento masivo responde al compromiso de su gestión y los miembros del Pleno de dotar al sistema de justicia con magistrados idóneos e independientes, quienes, gracias a un proceso meritocrático, lograron la titularidad, y cuya labor coadyuvará a la atención oportuna de los justiciables. Este compromiso institucional se ve reflejado en las setenta y seis sesiones de Pleno, entre ordinarios y extraordinarios, efectuados desde el 6 de enero del presente año.

En la ceremonia de juramentación y la entrega de medallas y títulos, participaron los miembros Víctor Hugo Chanduvì Cornejo, Jaime de la Puente Parodi, Cayo Galindo Sandoval y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo. El evento se realizó en los ambientes del Centro de Convenciones de Lima (LCC). La Junta Nacional de Justicia reafirma así su mandato constitucional de seleccionar y nombrar, mediante rigurosos concursos públicos de méritos a los jueces y fiscales del país, contribuyendo a la reducción de la provisionalidad en el sistema judicial.