Penalista Dr. José Velarde, en contra que Perú se retire de la CIDH y contra la pena de muerte

Hugo Amanque Chaiñadiciembre 25, 202415min0
Hugo Amanque Chaiñadiciembre 25, 202415min0

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Penalista Dr. José Velarde, en contra que Perú se retire de la CIDH y contra la pena de muerte

jose velarde unsa

El Dr. José Velarde, abogado y docente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, expresó su oposición a la pena de muerte y contra el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que los Estados tienen por obligación proteger la vida y dignidad de las personas. Sostiene que quienes critican al Congreso por aprobar leyes controvertidas antes que criticarlas, deberían proponer normas que deroguen las leyes cuestionadas y no hacer populismo jurídico como se advierte en los últimos meses en el país.

La Corte Suprema en comunicado ha expresado que siete normas legales aprobadas por el Congreso contravienen las facultades constitucionales del Poder Judicial y Ministerio Publico y contravienen la Constitución y Normas Internacionales. ¿Qué opina usted de este asunto?

Ejerzo la docencia en Derecho Penal, pero si la Corte Suprema ha expresado su comunicado eso forma parte de su derecho de opinión institucional. Los congresistas también se han expresado sobre los jueces y fiscales. El poder judicial tiene iniciativa legislativa y si consideran que hay imperfección legal, debería presentar proyectos de ley.

La Suprema anunció que ha formado una comisión para elaborar una propuesta, pero lamentan que el Congreso en una comisión de políticos cree una comisión que en 90 días emita una propuesta legislativa sin la participación de los abogados y facultades de derecho. Le pregunto a usted, ¿Cree que el parlamento está aprobando leyes y creando por consenso o está imponiendo sus normas en forma vertical?

Nosotros deberíamos definir qué modelo de Estado queremos tener y no tener modelos parciales. El Congreso aprueba normas sobre allanamiento y luego lo modifica lo que evidencia inestabilidad jurídica lo que es preocupante para el sistema judicial.

Le insisto en la pregunta. ¿Percibe usted que el Congreso está aprobando leyes por consenso o esta abusando de su mayoría parlamentaria?

El diseño que hoy tenemos es que el pueblo elige a los congresistas y ellos nos representan, pero si representándonos no acogen nuestras propuestas, es que habría un problema de origen del modelo de Estado que tenemos.

¿Usted me está diciendo que al votar por congresistas en elecciones les otorgamos nuestra representación y tenemos que aguantarnos nuestras criticas ya que les hemos dado un cheque en blanco a ellos para que definan por nosotros sin darnos explicaciones de sus votos y a eso se puede llamar democracia?

Creo que los ciudadanos deberían entender casi como usted lo ha dicho. Si se presenta un proyecto de ley esa propuesta se debate en comisiones y lo aprueban en el pleno. El ejecutivo sino lo observa lo promulga. Los jueces pueden inaplicar una ley que ellos consideran que viola principios constitucionales y eso se llama control difuso. Si los jueces o fiscales creen que una ley contraviene la Constitucion, están legitimados para presentar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que definirá si la ley es constitucional o inconstitucional. Respondiendo a su pregunta, no es un cheque en blanco a los congresistas, pero los ciudadanos deben entender que cuando delegan al poder a los legisladores ellos pueden incluso reformar la Constitucion, pero también los ciudadanos pueden presentar propuestas de reforma legal o constitucional para modificar o derogarla si consideran que el Congreso se excedió en sus funciones.

La Asociación de Jueces por la Democracia sostiene que hay un contubernio entre el Congreso y el gobierno, porque no observa leyes inconstitucionales y el parlamento está abusando de su poder al aprobar leyes que violan los poderes y competencias del Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Usted cree que hay un abuso desde el parlamento?

Si el gobierno no observa la ley, quiero recordarle a usted que ellos también han sido elegidos por el pueblo, por tanto, si hay un contubernio y habría una organización criminal, tendríamos que analizar caso por caso y el debate debe ser académico.

Los jueces plantean que deberíamos recurrir a la OEA invocando la Carta Democrática y a la ONU para que se respete la independencia de los magistrados judiciales en el país. ¿Cuál es su opinión?

En el Derecho Internacional es de alto nivel, estamos hablando de poderes públicos y si ellos consideran que se lesiona sus competencias, entonces ellos deberían presentar propuestas legislativas al Congreso en materias penales y nada les impide que presenten proyectos de ley.

El presidente de la Corte Suprema en Arequipa señaló que ellos han presentado un proyecto de ley de flagrancia a inicios del año 2024, pero el parlamento no aprueba esta ley que aceleraría los procesos judiciales para combatir la delincuencia. ¿Qué opina usted de este caso concreto?

Si el proyecto ha sido presentado y no lo han agendado, pero la flagrancia no soluciona todos los problemas judiciales, lo que quiere es una reforma integral. Se ha modificado la ley que permite que la policía investigue lo que ha generado rechazo del Ministerio Público. ¿No debería presentar la Fiscal de la Nación un proyecto de ley en este caso concreto? Tenemos problemas mayores y necesitamos una revisión integral.

CERIAJUS se creó para proponer reformas legales en la administración de justicia. ¿Siente usted que funciona ese organismo y ha propuesto reformas concretas o no?

No podría responderle porque no tengo datos concretos. El Código Penal rige desde 1991 en el país y ha sido reformado en múltiples ocasiones.

El Congreso ha formado una comisión que en 90 días debe presentar un proyecto del nuevo Código Penal donde no hay jueces, ni fiscales, ni representantes de los colegios de abogados ni las facultades de derecho. ¿Le parece razonable esa comisión solo de políticos?

Es un camino adoptado por el Congreso, pero si los jueces o fiscales no han sido incorporados nada les impide presenten sus propuestas sobre el Código Penal.

El Congreso representa a la nación, es decir a todos. Si ellos nos representan, ¿lo correcto no sería que ellos inviten a expertos sobre temas específicos y no ignorarlos como esta siendo habitual en el parlamento?

El Congreso nos representa a todos y los hemos elegido, ¿por qué hoy pretendemos desconocerlos?

Le pongo un ejemplo. Si el Congreso aprueba una ley para los abogados sin consultarles previamente a los decanos y la nueva legislación solo la aprueban los políticos ignorando a los abogados, ¿Esa ley sería democrática y transparente?

El Congreso puede solicitar o no la opinión de los especialistas de acuerdo a sus procedimientos parlamentarios. Pero, ¿Qué impide que los abogados presenten una iniciativa legislativa en su especialidad?

El Colegio de Abogados de Lima ha emitido un pronunciamiento donde rechazan la ley que sancionaría a jueces y fiscales que no ordenen la detención de personas en delito de flagrancia bajo sanción de destitución lo que vulnera su autonomía constitucional e independencia funcional que les otorga la Carta Magna. ¿Coincide usted con la opinión del Colegio de Abogados de Lima o no?

No he leído el pronunciamiento, pero nada les impide presentar un proyecto de ley para derogar la norma cuestionada y no quedarse en la denuncia y la protesta. Son discursos propios del populismo y si cuestiono una norma debo proponer una alternativa.

La Fiscal de la Nación ha sostenido que la ley que aprobó el Congreso en virtud del cual cuando un policía utiliza su arma y asesina a una persona es considerado delito de función y no se le puede acusar, por lo que la Dra. Delia Espinoza considera que esa norma legal es grave y debe ser revisada porque se atenta contra principios constitucionales que están reconocidos en el Derecho Internacional. ¿Coincide usted con esa opinión o discrepa?

Creo que si un policía que utiliza su arma en su ejercicio legitimo para proteger a la población no comete delito, pero si hace uso ilegitimo y afecta un bien jurídico se le podrá denunciar y acusar.

El congresista Edwin Martínez ha presentado un proyecto de ley para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte a menores de edad ¿De acuerdo o en desacuerdo de retirarnos de la CIDH?

No estoy de acuerdo con retirarnos de la CIDH ya que, en el Derecho Interno y el Derecho Internacional, el Estado debe proteger a los derechos humanos de la población.

El ministro de Justicia ha creado una mesa de dialogo para conocer la opinión de los ciudadanos si el Perú debe aplicar la pena de muerte y retirarnos o no de la CIDH. ¿Qué opina usted de esta decisión gubernamental?

¿Usted cree que el pueblo está preparado para responder ese tema? ¿Cree usted que la población conoce las funciones de la CIDH? Yo tengo mis dudas.

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley para que los menores de 17 y 16 años sean sentenciados si cometen delitos y ya no estén protegidos por su minoría de edad, lo que ha generado controversia en el país, porque se afirma que se contraviene Convenios Internacionales que protegen a menores de edad. ¿Esta usted a favor o en contra del proyecto de ley?

La responsabilidad penal está exenta a menores de 18 años en el Código Penal de 1991 y es coherente con las personas que han superado los 18 años que tienen capacidad plena de ejercicio y responden penalmente. Estoy en contra del proyecto de ley porque un menor de edad no comete delitos, pero si cometen infracción a la ley penal. Se promueve nuevamente el populismo jurídico y esa reforma no es abordado en forma integral en el sistema penal.

El Congreso aprueba Leyes y los otros poderes públicos cuestionan a los parlamentarios. Los poderes públicos tienen el deber de colaborar y cooperar entre ellos para emitir normas en aras del bien común de la población solucionando problemas nacionales. ¿Siente usted que hay colaboración y cooperación entre ellos o no?

Yo percibo que quienes integran los poderes públicos tienen intereses, sesgos y prejuicios. Si ellos no se ponen de acuerdo en lograr consensos y cada uno de los poderes busca preservar su cuota de poder y no piensan siempre en la población. Si se quiere aplicar la pena de muerte, debemos preguntarnos entonces, ¿Es conforme a la Constitucion matar a la persona cuando la Carta Magna señala que el fin supremo del Estado es la persona humana? ¿Si imponemos pena de muerte, ¿para que resocializamos a los internos en los penales como señala la Constitución.

Para concluir en pocas palabras. ¿Usted está de acuerdo o no con la pena de muerte?

Yo estoy en contra de la pena de muerte, porque es una pena cruel, ya que si se aplica erradamente la pena de muerte no se puede revivir al muerto.

Hugo Amanque Chaiña


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