El congresista Carlos Anderson Ramírez, presentó el proyecto de ley que prohíbe el uso de recursos públicos para financiar empresas estatales en situación de insolvencia o perdidas severas sostenidas. La ley será aplicable a todas las empresas de propiedad total o parcial del Estado cualquiera sea su régimen jurídico, actividad o sector.

El proyecto define la insolvencia o perdidas severas las que registren pérdidas acumuladas que superen el 50% de su capital social de conformidad con lo establecido en el art. 176 y art. 220 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, las empresas que experimente perdidas que alcancen o superen dos tercios de su capital social, sin adoptar medidas correctivas oportunas en concordancia con el art. 407 de la Ley General de Sociedades.

La propuesta del congresista Anderson, señala que queda prohibido al Estado peruano otorgar transferencias directas, aportes de capital, garantías financieras, prestamos, rescates o cualquier otra forma de financiamiento a empresas estatales. Refiere asimismo que el MEFC evaluará anualmente la solvencia de las empresas públicas y publicaran un informe en el portal de transparencia del Estado. Las transferencias que infrinjan la ley generaran responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios públicos involucrados.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Anderson indica que desde el 2022 PetroPerú tiene una deuda de 8 mil 470 millones de dólares que equivale a 7.5 veces su patrimonio que se deriva de sus costos asociados a la modernización de la refinería de Talara. Agrega que desde el 2022 el gobierno ha destinado más de 19 mil 578 millones de soles para rescatar PetroPerú, que según el Consejo Fiscal compromete la sostenibilidad fiscal ya que incrementa la carga financiera del Estado.

El respaldo financiero a PetroPerú ha tenido un impacto directo en el déficit fiscal que en el 2024 llegó al 4% del PBI superando el límite establecido del 2.8%, por lo que dicha empresa atraviesa una crisis financiera con un endeudamiento de 8 mil 470 millones de dólares. La empresa petrolera tiene una crisis operativa y pérdida de competitividad habiendo caído su participación en el mercado nacional del 51% al 25% el 2024, pero también tiene crisis de gestión, ya que ha tenido renuncias en el directorio y escándalos de corrupción siendo una caja chica del gobierno por lo que es necesario tener un marco normativo que prohíba el uso de recursos públicos en empresas estatales insolventes como PetroPerú.