El congresista Edwin Martínez, presentó el proyecto de ley que declara de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). En la disposición complementaria final única del proyecto de Martínez, señala que en el marco de la declaratoria establecida en el artículo único de la presente, el Poder Ejecutivo dispondría, a través de la Presidencia de la República, las acciones y medidas pertinentes para efectivizar su ejecución.

En la exposición de motivos, Martínez, sostiene que la denuncia de la CADH como interés nacional se centra en la búsqueda de una mayor soberanía y adaptación de las normativas de derechos humanos a las realidades locales, abordando preocupaciones sobre la intervención externa y buscando alternativas-que fortalezcan el marco legal nacional.

El proyecto remarca que el Gobierno de la República del Perú, suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 27 de julio de 1977 y la aprobó el 11 de Julio de 1978, mediante el Decreto Ley No 22231 con el siguiente texto: “Apruébese la «Convención Americana sobre Derechos Humanos», suscrita por el Gobierno de la República del Perú, el 27 de julio de 1977.

Con lo cual se cumple la disposición del Artículo 78 de la CADH: «Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma».

Martínez afirma que la iniciativa legislativa no contraviene ninguna norma constitucional, y tiene por objeto poder legislar con mayor amplitud a favor-de la seguridad ciudadana a nivel de todo el territorio nacional. Remarca que la iniciativa legislativa no representa ni prevé la ejecución de gasto por parte del Estado, toda vez que su implementación estaría incursa dentro de las facultades del presidente de la República para realizar la denuncia de los tratados internacionales.

Los beneficiarios-son la totalidad de los peruanos, ya que se estaría fomentando un factor indispensable para el desarrollo de nuestro país, como es el de la legislación a favor de la seguridad ciudadana. Por ello, no se causaría perjuicio económico alguno al país, puesto que se seguiría empleando los recursos humanos y logísticas con los que ya se cuenta.