El gobierno de la presidenta Boluarte mediante Decreto Supremo 014-2024-JUS, publicado en el diario oficial el martes 26 de noviembre del 2024, declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, y disponer la elaboración de la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria, a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2020-JUS, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad.

El decreto declara en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario por razones de déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad, por el período de veinticuatro (24) meses. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, aprueba mediante Resolución Ministerial una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria.

En los considerandos del decreto publicado, se señala que, el Sistema Penitenciario Nacional, a agosto de 2024, alberga a 98,127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41,556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%. En ese contexto, mediante el Informe Nº 56-2024-JUS/DGAC-DPC, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reporta en el seguimiento de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 que, para el periodo 2023, la población penitenciaria de procesados alcanzó un 36.97%, no alcanzando el 28.00% planteado como logro esperado para el mismo período.

Esto indica que los avances no han sido los esperados pese a los esfuerzos realizados y que un número considerable de personas procesadas se encuentran en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo significativamente a los niveles de hacinamiento actuales. La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.

Refiere asimismo que con fecha 04 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo sectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, creado mediante Resolución Ministerial N° 0230-2023-JUS y modificado mediante Resolución Ministerial N° 0281-2023-JUS, presentó su informe final, recomendando en el numeral 6.3, “facilitar normativa y procedimentalmente la ejecución de estrategias de gestión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, un escenario que podría lograrse con la declaratoria en emergencia (vía Decreto Supremo) del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, a fin de revertir [la situación] que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, considerando que la misma demande necesariamente la asignación de los recursos presupuestales para el cumplimiento de dicha declaración”.