El Congreso de la República con 79 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones, aprobó censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, debido a su falta de capacidad y grave negligencia para abordar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales.

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero Alva, anunció que se comunicará la decisión a la presidenta de la república, Dina Boluarte, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso b del artículo 86 del Reglamento del Congreso.

Previo a la votación, se dio lectura al texto sustitutorio que expresa: “El Congreso de la República acuerda censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por su falta de capacidad y grave negligencia en la gestión de su sector, así como por su desinterés para solucionar la problemática de los pequeños mineros y mineros artesanales en el Perú”.

Durante la sustentación, el congresista Arturo Alegría García (FP) expresó su descontento tras la reciente presentación del ministro del sector ante el Pleno del Parlamento, señalando una falta de claridad y liderazgo en la propuesta de formalización minera.

Según Alegría, el Poder Ejecutivo ha mostrado indolencia al presentar proyectos de ley que, después de dos años de espera, solo buscan transferir la responsabilidad del problema a los actuales actores, sin ofrecer soluciones concretas para la minería artesanal.

El congresista también cuestionó el enfoque del Ejecutivo, que delega funciones a los gobiernos regionales, a pesar de que estos han fracasado previamente en gestionar la problemática.

Alegría criticó la Ley MAPE por repetir errores del pasado. En su opinión, la iniciativa no establece un marco rector que permita avanzar hacia la formalización efectiva, perdiendo la oportunidad de resolver una situación que afecta a cientos de peruanos vinculados a la minería artesanal.

El congresista Guido Bellido Ugarte criticó duramente al Poder Ejecutivo por la crisis que enfrenta el país debido a la minería artesanal, una problemática que se ha agudizado con bloqueos en diversos departamentos y la reciente presentación de la Ley MAPE, realizada de manera apresurada y al cierre de la legislatura, no aborda el problema social de fondo que afecta a miles de peruanos vinculados a esta actividad.

Añadió que existe una responsabilidad política directa en esta situación y acusó al Ejecutivo de desinterés frente a un problema que afecta a medio millón de peruanos que trabajan en la minería artesanal y a otros cuatro millones que dependen de los servicios relacionados. Asimismo, cuestionó por qué el ministro del sector no tomó medidas oportunas, sabiendo que el plazo para regularizar esta actividad vence el 31 de diciembre de 2024.