El congresista Juan Burgos presentó el proyecto de ley por el cual pretende se modifique el literal b) del art. 22 y el art. 87 del Congreso de la República que señala textualmente lo siguiente.

“Los congresistas tiene derecho a pedir informes que estimen necesario a órganos de gobierno y administración y obtener respuesta en plazo de siete días hábiles en su ejercicio de función de control político. El incumplimiento por parte de los órganos de gobierno y administración general en plazo señalado, es sancionado con multa de 1 UIT al titular de la entidad y la reiteración se duplica la sanción señalada. Mensualmente se publica la relación de los Ministerios y entidades de la administración pública que hubieren incumplido con responder”.

Burgos sostiene en la exposición de motivos del proyecto de ley ,que actualmente el congresista puede pedir información a una entidad estatal con copia a la mesa directiva, y en caso el ministro no responde pasan 15 días, y la mesa directiva reitera el pedido y después de 7 días el ministro o funcionario requerido está obligado a responder personalmente ante el Congreso o comisión parlamentaria, por lo que el derecho de control político de los congresistas se ven perjudicados, mientras que el Reglamento del Congreso no precisa las sanciones a funcionarios que incumplen obligaciones.

Por lo tanto, los pedidos de información como forma de control político son ineficaces, ya que no son atendidos oportunamente por lo que es necesario regular de manera precisa y con plazos determinados las sanciones aplicables al incumplimiento de remisión de informes por parte de los funcionarios situación que se logrará con la modificación del Reglamento del Congreso y hacer prevalecer los derechos de la función congresal.