La congresista Sigrid Bazán, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar el art. 200 del Código Penal con el fin de delimitar los alcances del tipo penal de extorsión y evitar la criminalización de la protesta social. La propuesta refiere que el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince n mayor de veinte años.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6del art. 36, si la violencia o amenaza es cometida: a) a mano armada o utilizando artefactos explosivos o incendiarios, b) participando dos o más personas, c) contra el propietario, responsable, contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma, d) simulando ser trabajador de construcción civil, e) mediante el empleo de imágenes del entorno familiar, empresarial, laboral o social, u objetos perturbadores de peligrosidad, entregados, exhibidos, difundidos directa o indirectamente por cualquier medio a la víctima.

Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años. La pena será privativa de libertad será no menor a treinta y cinco años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior: a) dura más de 24 horas, b) se emplea crueldad contra el rehén, c) el agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático, d) el rehén adolece de enfermedad grave, e) es cometido por dos o más personas, f) se causa lesiones a la víctima.

La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para conseguir sus cometidos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos explosivos. La pena será de cadena perpetua cuando: a) el rehén es menor de edad o mayor de sesenta años, b) el rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia, c) si la victima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto, d) El agente se vale de menores de edad.

Bazán sostiene que el Código Penal actual sanciona con pena privativa entre 20 y 30 años al delito de extorsión, ya que según datos oficiales de la Policía Nacional entre enero y agosto 2024 se han registrado un total de 14,220 denuncias a nivel nacional, lo que representa un incremento respecto al mismo periodo del año anterior cuando se reportaron 13,648 casos, aumentando en los hechos con 572 nuevas denuncias, por lo que es necesario elevar las penas establecidas en el art. 200 del Código Penal para sancionar las practicas extorsivas que generan mucha preocupación y temor en la ciudadanía.