La larga y desgastante crisis que estamos viviendo en el país tiene un carácter sistémico y pone en cuestión el futuro de la democracia. Superarla exige construir acuerdos mayoritarios básicos que demandan articular una gran voluntad sustentada en la necesidad de recuperar la política para las ciudadanas y ciudadanos, capaz de asegurar el compromiso claro de quienes son elegidos como nuestras autoridades. En un escenario en el que el comportamiento y los intereses del Ejecutivo y el Congreso marchan en dirección contraria, es nuestra obligación y derecho pronunciarnos.

1. La degradación democrática del país se expresa en el preocupante desconocimiento de derechos fundamentales ganados por la ciudadanía –como la igualdad de género y la no discriminación–, promovidos, lamentablemente, por varias bancadas del Congreso. Se expresa también en el debilitamiento de las instituciones por la designación a importantes cargos públicos de personas no idóneas y frecuentemente vinculadas a actividades criminales. La crisis de gobernabilidad, la inestabilidad y la alta rotación en el ejercicio de los cargos de los ministros condiciona la falta de políticas públicas y la ineficiencia en la gestión.
2. La creciente judicialización de la política dio un paso más con la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el presidente Castillo el año 2022 como presunto autor de distintos delitos, pidiéndole al Congreso acusarlo ante el Poder Judicial, invocando la suscrita Convención de la ONU contra la corrupción, que concluyó con la declaratoria de su posterior vacancia tramada desde la derecha parlamentaria. Distintos sectores, incapaces de encontrar una salida política a la situación que han creado, han convertido esta decisión en parte de su estrategia para mantenerse en las posiciones de poder que ocupan tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.
3. Suma a nuestra preocupación y protesta el hecho irregular e injustificado del seguimiento de aparatos de inteligencia del Ejército Peruano a distintas organizaciones sociales, políticos de izquierda, autoridades civiles y organismos de derechos humanos. Ello evidencia un condenable y peligroso comportamiento ilegal motivado por razones ideológicas, lo que nos recuerda al régimen fujimorista. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor que realizan las distintas instituciones afectadas por este reglaje inaceptable. Nuestra preocupación es mayor por el silencio de los poderes del Estado, las instituciones públicas y los medios de comunicación sobre estas acciones que desconocen el rol que la Constitución establece para las FFAA.
4. Frente a la estéril confrontación entre poderes del Estado, que defienden sus intereses inmediatos, urge una salida democrática que supere la severa crisis de gobernabilidad. El primer paso es la adopción de reformas políticas que generen condiciones para mejorar la representación y establezcan barreras eficaces contra la corrupción. Abrir un período de transición, más allá de lo político e institucional, requiere atender las urgencias económicas, sociales y de servicios de la sociedad, en particular de las mayorías que viven en la marginalidad y la precariedad. Ello supone avanzar respuestas y propuestas frente a un modelo que evidencia su agotamiento.
5. Con este marco de reformas cobra sentido el adelanto de elecciones como camino de salida a la crisis que atravesamos. En un contexto incierto y polarizado, de desconfianza y desaliento, no hay ruta perfecta para consensuar las reformas y fijar plazo razonable para el adelanto de elecciones generales. La fragmentación política y social, agudizada por las prácticas populistas del Ejecutivo y el Legislativo y los mezquinos intereses políticos y económicos en juego, imposibilitan un consenso. Lo realista será construir acuerdos plurales y mayoritarios que se reflejen en fuerzas políticas y sociales que actúen como garantía de la democracia y del compromiso ético para los cambios impostergables que requerimos. Quienes estamos comprometidos con un desarrollo real y con la vigencia y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, demandamos a los poderes del Estado, que garanticen la institucionalidad democrática y los derechos humanos.
6. Invitamos a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía a la vigilancia, a la movilización activa y a la participación decidida en la construcción de un camino democrático de salida de la crisis, lo cual exige reformas básicas que nos permitan el adelanto de elecciones y la elección de autoridades electas idóneas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.