Hace dos meses que el gobierno de Dina Boluarte, mediante Resolución Suprema 125-2024-IN, publicado en el diario oficial el martes 06 de agosto, cesó en sus funciones a la última Prefecta Regional de Arequipa, abogada Lucia Nailed del Pilar Valdivia Corrales y aún no designa a su reemplazante. Se desconoce las razones por las cuales el gobierno no designa a la nueva autoridad política, ya que es quien representa al Poder Ejecutivo en la región, aunque dicho cargo no ha tenido un rol gravitante en las últimas dos décadas en la ciudad blanca desde que en el país se instalaron los gobiernos regionales.

Es la primera vez en las dos ultima décadas que un gobierno democrático no designa en Arequipa al nuevo Prefecto, ya que habitualmente la designación de la nueva autoridad política no demoraba más de una semana. Todo parece indicar que una de las razones para no haber designado al nuevo Prefecto, es la investigación fiscal contra el hermano de la presidenta Boluarte, quien es acusado que con el apoyo de su entorno político habría armado una red política para reclutar Prefectos y Subprefectos a cambio de dinero y apoyar la formación de una nueva organización política que apoye políticamente a la Jefa de Estado.

Otra de las razones podría ser que nadie en Arequipa desearía ser Prefecto en un gobierno deslegitimado y que carece de respaldo popular cuando la mandataria nacional tiene varias investigaciones fiscales por presuntos ilícitos, por lo que nadie querría “quemarse” con un gobierno que está al borde del “nocaut político”.

Es el artículo 161 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, el que señala que los Prefectos Regionales son designados por Resolución Suprema refrendada por el ministro del Interior a propuesta del Viceministerio de Orden Interno.

Dicho artículo indica que los Prefectos son responsables de la coordinación, supervisión y orientación a los órganos desconcentrados de su jurisdicción, y ejecutan y coordinan las acciones de su competencia conforme a los lineamientos dispuestos por la Dirección General de Gobierno Interior.

El art. 162, señala entre las funciones del Prefecto, las siguientes: a) planear, dirigir, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción, b) aprobar y evaluar la ejecución anual del plan de trabajo anual de las Subprefecturas Provinciales, c) informar a la Dirección de Autoridades Políticas sobre la situación de conflictos sociales, coordinación con las rondas campesinas, desarrollo de programas sociales, d) integrar los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, e) promover dialogo entre autoridades, d) ejecutar acciones de prevención relacionadas al otorgamiento de garantías para concentraciones públicas, f) fiscalizar el otorgamiento de garantías personales, etc.

Por la crisis política permanente a nivel nacional, hemos tenido constates cambios de Prefecto en las últimas dos décadas en Arequipa. En el caso concreto de la Prefectura de Arequipa, del 2000 al 2024, hemos tenido un total de diecisiete Prefectos que han sido los inquilinos transitarios que gobernaron desde el Despacho Prefectural, lo que es comprensible ante la inestabilidad política del país, con mayor razón si dicho cargo político es de confianza y no emerge del voto popular.

En resumen, hace 60 días que Arequipa, carece de Prefecto Regional por primera vez, pero su ausencia pasa desapercibida ante la opinión pública, pero veremos en los próximos días quien es el “kamikaze o suicida” que será designado y se inmolará en dicho cargo político en la blanca ciudad en el gobierno de Dina Boluarte.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado