El congresista Jorge Marticorena, presentó el proyecto de ley que pretende modificar la conformación del Comité Electoral Universitario, los rectores y vicerrectores y decanos de facultades y no pueden ser reelegidos para lo cual debe modificarse el art. 72 de la Ley Universitario 30220.

La propuesta legislativa señala que el Comité Electoral Universitario es elegido por la Asamblea Universitaria para cada proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso, y constituido por tres (3) docentes principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes, uno por cada facultad de las tres con mayor número de alumnos regulares, quienes hayan aprobado como mínimo cuatro semestres académicos y ocupen el primer lugar en el promedio ponderado de su facultad.

El Comité Electoral se instala, designando como presidente a uno de sus integrantes, quien es docente principal más antiguo en función al tiempo de servicios efectivo en la universidad. El Comité convoca, conduce y proclama los resultados del proceso electoral conducente a la elección de rector, vicerrectores, decanos, director de posgrado y representantes de docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno, y otros que establezca la Asamblea Universitaria. El Rector, los Vicerrectores y los Decanos no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ni participar en lista alguna; en ese sentido, también están impedidos de participar en las elecciones las autoridades que ejerzan dichos cargos en su condición de encargados o como interinos.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el congresista Marticorena, sostiene que, en los últimos años, la universidad pública está atravesando una grave situación que involucra diferentes temas, entre ellos, está la cuestión de la representatividad y la legitimidad de las autoridades universitarias elegidas, lo que se traduce en una constante falta de ingobernabilidad y pone en cuestión la institucionalidad y la buena gestión, que requiere toda casa superior de estudios.

Estos hechos anómalos, permiten que surjan espacios propicios para que la corrupción y el desgobierno reine en la mayoría de universidades públicas del país, tal es así que, la Contraloría General de la República al presentar los resultados del índice de Riesgos de Corrupción e inconducta Funcional (INCO) 2024,3 donde evaluó a 369 entidades públicas, reveló que cuatro universidades nacionales se encuentran entre las diez con los puntajes más altos, pero lejos de significar algo positivo, esto indica el mayor índice por riesgo de corrupción.

Esta problemática se ha dado a lo largo del tiempo en diferentes universidades público, como sucedió en la Universidad Nacional de Trujillo el año 2019, que dio lugar a que Defensoría del Pueblo solicite su nulidad debido a irregularidades en el proceso electoral que vulneraban el derecho a la tutela efectiva y el debido proceso Otro caso emblemático, fue lo que aconteció en la Universidad Nacional de Piura, donde la Sunedu determinó irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo el año 20195; lo que conllevó a que esta institución establezca responsabilidades y sancione a dicha universidad con una multa de más de 87 mil soles, por elegir a sus autoridades -concretamente rector y vicerrectores- vulnerando los derechos establecidos en la Ley Universitaria y estatutos adecuados a la Ley, e incumpliendo los procedimientos establecidos en su Reglamento de Elecciones; disponiendo la nulidad del proceso electoral.

La Contraloría General de la República en el Informe de Hito de Control N°028- 2024-0C1/0208-SCC1° estableció, entre otras cosas, que no se constató la presencia del personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al respecto, la CGR concluyó que «el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, debió realizar las gestiones adecuadas correspondientes para contar con la asistencia técnica…» de la ONPE.

Marticorena indica que la transparencia es uno de los principios básicos que todo proceso electoral debe garantizar y para ello es necesario implementar una serie de mecanismos que permitan llevar adelante un proceso electoral que asegure que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los electores; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas. El objetivo es buscar garantizar que, la conformación del Comité Electoral Universitario, sea lo más transparente posible y cuyos integrantes sean los más idóneos para asumir la responsabilidad de organizar, conducir y controlar los procesos electorales universitarios, así como de pronunciarse, en decisión inapelable, sobre las reclamaciones que se presenten en el marco de las elecciones que organiza.