El congresista Alfredo Pariona, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto prohibir al Estado otorgar las honras fúnebres a todo expresidente que haya sido condenado por la comisión de delitos y tiene por finalidad resguardar los intereses y la dignidad de la nación peruana, prohibiendo que un exmandatario de la República, que haya defraudado la confianza popular y la legalidad, reciba a su fallecimiento reconocimientos y honores por parte del Estado.

La propuesta legislativa pretende modificar el art. 03 del Decreto Supremo 096-2005-RE sobre normas del Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, con el siguiente texto: «Artículo 63-A.- Si a su fallecimiento el expresidente de la República cuenta con una sentencia judicial en su contra por la comisión de algún delito o delitos, el Estado peruano no otorga las honras fúnebres ni realiza homenaje alguno. En este supuesto, el expresidente de la república no recibe ningún reconocimiento, honores o trato especial que prevé la presente norma, bajo responsabilidad. Queda prohibida la declaración de duelo nacional y sus efectos».

El congresista Pariona afirma que el proyecto de ley busca modificar dicho decreto para establecer restricciones razonables para el otorgamiento de los honores a expresidentes condenados por delitos graves, como violaciones de derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Esta modificación responde a la necesidad de garantizar que el reconocimiento y los honores a los expresidentes se otorguen solo a aquellos que hayan ejercido sus cargos con integridad y respeto por el Estado de derecho.

Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fujimori, que duró de 1990 a 2000, dejó un legado marcado por múltiples violaciones de derechos humanos, corrupción y autoritarismo. En el 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad relacionados con la masacre de Barrios Altos en 1991, donde el Grupo Colina (grupo paramilitar estatal) ejecutó extrajudicialmente a 15 personas, y la masacre de La Cantuta en 1992, donde se secuestró, torturó y asesinó a 9 estudiantes y un profesor.

Fujimori fue declarado responsable por su liderazgo y mando sobre las fuerzas involucradas. Adicionalmente, Fujimori enfrentó múltiples cargos de corrupción: desvió de 15 millones de dólares a su exasesor Vladimiro Montesinos (6 años en 2007); sobornos a congresistas y periodistas (7 años y 6 meses en 2009); interceptación telefónica y uso indebido de fondos del Estado (6 años en 2009); compra de medios de comunicación con fondos públicos (8 años en 2015); y corrupción agravada por la creación de «diarios chichas» (8 años en 2015).

Fujimori también protagonizó un «autogolpe» de Estado en 1992; es decir un quebrantamiento al orden constitucional que configuró un atentado directo al régimen democrático. Así, disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, estableciendo un régimen autoritario que restringió la libertad de prensa y violó derechos civiles. La Comisión de la Verdad y Reconciliación reportó más de 69,000 muertes durante el conflicto armado interno2, con actos de represión y el uso indiscriminado de las fuerzas de seguridad bajo su mandato.

Pariona sostiene que consentir que un expresidente de la República, que ha sido condenado por la justicia, reciba homenajes, honores y tratos especiales por haber ejercido el cargo, representa un pésimo mensaje al país y a la ciudadanía. Refleja que no existen valores democráticos ni jurídicos en el país, al punto que el Estado resalta la figura de alguien que traicionó la confianza popular, violando la legalidad en el mayor nivel de gravedad por su condición de primer mandatario de la nación.

Foto Andina