Dos denuncias penales por separado presentaron dos ciudadanos de Majes contra el gobernador Rohel Sánchez y el gerente ejecutivo de AUTODEMA, Sixto Palomino ante la Fiscalía Provincial Penal de turno de Paucarpata en la última semana de julio 2024.

Así lo informó el abogado, David Mayta, quien refirió que el 25 de julio se presentó la primera denuncia penal por el delito de omisión e incumplimiento de actos funcionales contra Sánchez y Palomino, en representación de Eloy Canahuiri Yauri, quien refiere que siendo agricultor en el Pedregal, ante la amenaza y puesta en riesgo de su patrimonio e integridad física por el inminente colapso del Tunel 9 y del Canal 9 que deberían ser refaccionados y objeto de mantenimiento, no se reparó la infraestructura de aducción del Proyecto Majes I por parte de las autoridades regionales antes mencionadas.

En la argumentación jurídica de la denuncia penal, se señala que el 10 de agosto del 2019 se publicó en el Peruano la Ley 30991 que declaró de interés nacional y necesidad pública la construcción de la represa Siguas e Infraestructura necesaria y la reparación de la existente para favorecer el uso poblacional y agropecuario del Proyecto Majes I y II. Para tal efecto, el gobierno regional de Arequipa en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Economía debían realizar y disponer las acciones necesarias.

Asimismo, la denuncia indica que el 14 de marzo del 2023 se publicó en el Peruano la Ley 31710 que declaró de necesidad pública, por riesgo inminente el mantenimiento de la infraestructura del sistema de aducción del Proyecto Majes I, desde la captación Tuti hasta el final del Tunel Terminal con la finalidad de prevenir dicho colapso ante el inminente riesgo de desabastecimiento del recurso hídrico.

En la denuncia se da cuenta que el alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, remitió un total de ocho oficios al gobernador regional y gerente de AUTODEMA, cinco el año 2023 y tres el año 2024 donde le pide de un informe situacional del sistema de represamiento de la cuenca intermedia del Rio Siguas y el avance de los estudios de preinversión, los que no se ha realizado, por lo que dicha omisión implica colocar en grave riesgo y peligro a la zona agrícola del Pedregal ante un posible e inminente colapso, no habiendo obtenido el alcalde de Caylloma ninguna respuesta y ningún acto de ejecución por parte de los denunciados.

La denuncia señala que AUTODEMA es una Unidad Ejecutora que tiene como función realizar el mantenimiento de la infraestructura del Proyecto Majes I, lo que no se ha concretado. Remarca que el artículo 377 del Código Penal refiere que el “funcionario público que, ilegalmente, omite, algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multad”. Por lo tanto, solicita al fiscal penal de turno, disponga la apertura de investigación preliminar de manera inmediata y urgente en razón de la gravedad del delito y enormes perjuicios económicos que afectan a 200 mil pobladores del distrito de Majes.

La segunda denuncia penal se presentó el 31 de julio ante la Fiscalía Provincial Penal de Paucarpata por parte de la agricultora, Edit Salazar Valverde quien reside en Majes, quien denuncia al gobernador Sánchez, al gerente de AUTODEMA, Sixto Palomino y los que resulten responsables en su condición de autores directos por la comisión del delito de omisión e incumplimiento de actos funcionales de lo ordenan varias normales legales.

Entre ellas, la Ley 30991 del año 2019, la Ley 31710 del 2023 y el Acuerdo Regional 050-2022 de junio del 2022, por el cual se declaró de necesidad pública, prioridad e interés regional la atención de emergencia de la Infraestructura del Canal de Aducción del Proyecto Majes Siguas desde la captación Tuti hasta el final del Tunel Terminal, con la finalidad de atender con urgencia las condiciones actuales, su mal estado de conservación y su peligro inminente de colapso.

Edit Salazar indica que hasta el año 2024 dichas autoridades regionales no han dado cumplimiento a lo ordenado en las leyes vigentes enumeradas anteriormente y dicho incumplimiento es doloso y voluntario en vista que el alcalde de Caylloma cursó oficios exigiendo a los denunciados que cumplan con las leyes y elaborar los estudios de preinversión de la cuenca intermedia lo que hasta la fecha no se ha ejecutado, lo que pone en grave riesgo a una población de 200 mil personas.

La denuncia refiere finalmente que el gobernador Sánchez y el gerente de AUTODEMA, pretenden justificar su incumplimiento con la firma de la transferencia del Proyecto Majes al MIDAGRI lo que es ilegal e improcedente, ya que ningún acuerdo o convenio de transferencia puede estar por encima de las Leyes 30991 y 31710 vigentes en el país. Por lo tanto, dichas autoridades han incurrido en el delito de omisión e incumplimiento de actos funcionales, tipificado en el art. 377 del Código Penal, por lo que solicita al fiscal penal de turno disponga la apertura inmediata y urgente de una investigación preliminar.

Foto Radio San Martín