La producción legislativa del Consejo Regional de Arequipa que conforman catorce consejeros, en el primer semestre 2024 fue deficitaria, en comparación al primer semestre del 2023. De enero a junio 2024, solo aprobaron cinco ordenanzas, mientras que de enero a junio 2023 se aprobaron siete ordenanzas.

Pero, no solo hay déficit de producción normativa, sino que la mayoría de estas normas no provienen de los legisladores regionales, sino de propuestas de ordenanzas del ejecutivo regional. En resumen, no hay cantidad, ni calidad de ordenanzas que mejoren la situación de los arequipeños. Hay más “hueso que carne legislativa” para decirlo en forma ilustrativa.

El siguiente es el resumen de las cinco ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional de Arequipa de enero a junio 2014, según el portal de transparencia del Gobierno Regional de Arequipa.

De las cinco ordenanzas aprobadas en el primer semestre 2024, podría afirmarse que solo dos son importantes, entre ellos la Política Regional de Seguridad Pública al 2030 de la Región Arequipa. Sin embargo, por razones e intereses que se desconoce, el parlamento regional aún no aprueba el Plan de Acción de la Política Regional de Seguridad Ciudadana, cuyo proyecto de ordenanza está encarpetado en una de las comisiones del legislativo regional. La otra ordenanza positiva, es la ley que crea el banco de medicamentos donados, que esperamos se ejecute e implemente, tenga un seguimiento y no sea “letra muerta”.

Las tres restantes ordenanzas, una de ellas regula el presupuesto participativo y la otra la elección de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional de Arequipa, mientras que la ordenanza 492 que incorpora al vicepresidente en la Comisión Regional Anticorrupción en Arequipa es muy discutible y podría ser rechaza por el Congreso. Fue el Congreso quien aprobó la Ley 29976 que creó la Comisión Nacional Anticorrupción en donde obliga a crear Comisiones Regionales Anticorrupción en donde no aparece el cargo de vicepresidente.

Es obvio que dicha Comisión Regional Anticorrupción, necesita de un vicepresidente, sin embargo, una ley solo puede ser modifica por una ley nacional, siguiendo el procedimiento que la Constitucion y el Reglamento Interno del Congreso regulan para aprobar, modificar o derogar una ley vigente.

Ningún Consejo Regional tiene potestad para aprobar, modificar o derogar una ley nacional. Lo correcto hubiera sido que el Consejo Regional apruebe una iniciativa legislativa ante el Congreso y dicho poder estatal en su momento, apruebe o mande al archivo dicha propuesta legislativa.

Es probable que el Procurador del Congreso cuestione la vigencia de dicha ordenanza e interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ordenanza que incorpora al vicepresidente de la Comisión Regional Anticorrupción. El Consejo Regional no puede argumentar que dicha ordenanza lo aprobaron al amparo de autonomía, ya que, según las sentencias del Tribunal Constitucional, toda autonomía se ejerce acatando la Constitucion y la legislación vigente y los Consejos Regionales no tienen un “cheque en blanco”.

¿Por qué no hay buena producción normativa en el Consejo Regional?

Hay múltiples razones. La primera es que los Movimientos Regionales que compiten en elecciones, no seleccionan bien a sus cuadros profesionales, ni técnicos y menos revisan si sus candidatos tienen alguna experiencia en gestión pública y con frecuencia cuando son elegidos consejeros, el noviciado y aprendizaje toma muchos años.

Si a eso le agregamos, que a los consejeros elegidos no los capacitan en forma permanente ya que en los Movimientos Regionales no hay Escuelas de Formación Política ni Jurídica, entonces la producción normativa y de fiscalización es pobre, amen que los consejeros regionales no tienen en su entorno buen equipo de asesores (salvo excepciones) a quienes dicho sea de paso les pagan muy poco por sus servicios profesionales.

Si a eso agregamos que el Consejo Regional no tiene un equipo de consultores externos para ser consultados en temas relevantes, entonces es comprensible que la producción normativa sea muy pobre y tenga poco impacto y relevancia.

No todo está mal en los Consejos Regionales. Personalmente, me parece positivo por ejemplo que el Consejo Regional de Huancavelica haya aprobado la ordenanza regional 515-2023 el 17 de noviembre del 2023. El tema lo ampliaremos en otra ocasión por la importancia del caso. En síntesis, en dicha región opera Electroperú que anualmente genera utilidades, pero también tienen en Huancavelica empresas mineras que amplían sus inversiones.

Con buen marco normativo que sirve de respaldo a la ordenanza, el Consejo Regional aprobó crear el “Fondo Social Huancavelica” al amparo legal del Decreto Legislativo N° 996, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, normas modificatorias y/o ampliatorias y el Código Civil, y Modificatorias según Decreto Supremo N° 238-2016-EF.

Dicha ordenanza, creó una comisión permanente de tres consejeros y un representante del ejecutivo regional para que le haga seguimiento a dicho Fondo. Dicho Fondo tendrá las siguientes prioridades: Desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de servicios de saneamiento

¿Han identificado o conocen los consejeros cuales son los distritos más pobres de cada provincia que requieren priorizar las inversiones regionales? Si en Arequipa tenemos a EGASA y SEAL que anualmente reportan utilidades, pese a tener a un directorio centralizado por el gobierno nacional, ¿Por qué no evaluar la posibilidad de crear un Fondo Social en Arequipa y el Consejo Regional sea percibido por la opinión pública como una institución pública que se preocupa por las zonas pobres? ¿No es posible presentar un proyecto de ley para que en SEAL y EGASA tenga el gobierno regional representantes en su directorio y no sean siempre designador por el centralismo limeño?

Un tema final no menos importante, es la falta de transparencia del Consejo Regional de Arequipa. Otros Consejos Regionales del país tienen Portales web y Facebocck donde está toda la producción normativa y de fiscalización desde propuestas de acuerdos y ordenanzas regionales de cada uno de los consejeros, pero también se cuelga la agenda diaria y semanal del presidente de los Consejos Regionales y las Comisiones de Trabajo.

En Arequipa, eso es un “secreto de estado” pese a que lo obliga la ley de transparencia del sector público y solo aparecen las fotos y las visitas o actividades que realizan los consejeros. No aparecen ni el resumen de los acuerdos de comisiones, ni los proyectos o dictamenes que aprueban o rechazan y menos el avance de sus actividades de fiscalización.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado