Consejeros pretenden aprobar transferencias, pero GRA pide a municipios regularicen transferencias otorgadas años atrás

El Consejo Regional de Arequipa sesionó el lunes 11 de marzo desde las 17 horas en forma extraordinaria y virtual donde debatieron el proyecto de acuerdo regional de transferencias financieras de saldo presupuestal en favor de 34 municipalidades distritales y provinciales de la región Arequipa por un monto total de 68 millones de soles. Al concluir la sesión, se aprobó por mayoría de votos que el dictamen de la Comision de Presupuesto, retorne a dicho grupo de trabajo ante las observaciones de algunos consejeros regionales, lo que deberá debatirse en las próximas horas, ya que el plazo vence el 30 de marzo.
Según el proyecto de acuerdo regional, entre los municipios que recibirían las transferencias para diversos proyectos se encuentran, Yura, Sabandia, Santa Isabel de Siguas, Municipalidad Provincial de Camaná, Cahuacho, Yauca, Municipalidad Provincial de Castilla, Machaguay, Chachas, Chilcaymarca, Tisco, Municipalidad Provincial de Caylloma, Maca, Ichupampa, Majes, Huanca, Coporaque, Rio Grande, Chichas, Municipalidad Provincial de Condesuyos, Municipalidad Provincial de Islay, Mejia, Toro, Pampamarca, Municipalidad Provincial de La Union, San Juan de Tarucani y Huancarqui.
Sin embargo, lo contradictorio de este caso, es que, en la misma institución entre el ejecutivo y legislativo regional, no habria un mínimo de coordinación para evaluar las futuras transferencias a gobiernos locales que no rindieron cuentas de años anteriores.
Concretamente, la vicegobernadora regional, Ana Maria Gutiérrez, el 05 de marzo del 2024 suscribió la Resolución Ejecutiva Regional 130-2024 por el cual resuelve otorgar un plazo de 180 días para que los gobiernos regionales que tengan transferencias y compromisos de convenios anteriores pendientes de liquidación, puedan regularizar dicha situación con la finalidad de que en un futuro puedan acceder a nuevas transferencias conforme lo prevé la Directiva 05-2019-GRA-/OPDI.
Dicha Resolución dispone que la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias conforme equipos técnicos especializados que coadyuven a los gobiernos locales a cumplir con su obligación de presentar las liquidaciones de obras de convenios de transferencias de años anteriores y exhorta a los alcaldes distritales den cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas de las transferencias realizadas las que se encuentran contenidas en la Directiva 05-2019 denominada Transferencias financieras otorgadas por el GRA a entidades públicas y gobiernos locales.
Breve comentario del tema
Lo que llama la atención en los considerandos de la Resolución suscrita por la vicegobernadora Gutiérrez, es que el 20 de marzo del 2023 mediante Resolucion Ejecutiva Regional 149-2023, se encargó a la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos la supervisión y el control de cumplimiento del acta de compromisos de convenios anteriores para que presenten las liquidaciones de obras dentro de 180 días calendarios que venció en octubre 2023.
Sin embargo, el 05 de marzo del 2024 el Jefe Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias informó que algunas entidades no calificaban para recibir más transferencias ya que no rindieron cuentas de transferencias anteriores y que existe un alto número de municipalidades que no presentaron sus liquidaciones, lo que impide que perciban nuevas transferencias, por lo que es de la opinión que se les otorgue un plazo adicional de 18 meses.
Ante estas evidentes irregularidades, es obvio que debe intervenir el Órgano de Control Institucional del GRA, ya que no se puede tolerar más transferencias a quienes no dieron informes documentados de liquidación de obras, ya que no son dineros de los funcionarios, sino del Estado representados por sus autoridades y funcionarios quienes tienen la obligación legal de cautelar los fondos estatales. Tampoco se puede avalar que personal y equipos del GRA a través de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias coadyuven a las municipalidades a cumplir con las obligaciones de presentar liquidaciones de obras de convenios de transferencias de años anteriores, ya que eso supone utilizar personal en funciones que no les compete y contraviene el marco legal vigente, lo que conllevará en el establecimiento de responsabilidades funcionales que deberá determinar la Contraloría.
Consideramos que los recursos que el gobierno nacional transfiere al gobierno regional, deben ser de preferencia para obras de impacto provincial o impacto regional, y no repartir transferencias en pequeñas obras que son competencia de los municipios. Es lamentable que el gobierno regional no publique el listado total de entidades y municipios deudores y, aun así, pretenda seguir transfiriendo dinero a municipios que no rinden cuentas, poniéndose en evidencia la falta de coordinación entre el ejecutivo y legislativo regional, que pretenderían seguir entregando dineros a gobiernos locales deudores, dando una pésima señal a la ciudadanía.
Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado