El congresista Alfredo Pariona presentó el proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal e incorporar en el artículo 425-A al Decreto Legislativo 635 del Código Penal con el siguiente texto: “Teniendo en cuenta la gravedad del caso, el perjuicio patrimonial al Estado y la afectación a la correcta administración púbica, la pena privativa de libertad de cadena perpetua puede ser aplicada a los funcionarios o servidores públicos que cometan delitos en regulados en los artículos 376-A, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 393, 393-A, 395, 395-A, 395-B, 396, 397, 397-A, 398, 398-A, 400 y 401”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Pariona, afirma que según la Defensoría del Pueblo en el año 2023 se registraron 40,095 casos de corrupción de los cuales el 16% se concentra en Lima, el 9% en Ancash, y el 8% en Cusco.

Agrega que de acuerdo a una encuesta del INEI del año 2022, el 54% de peruanos consideraban que la corrupción era el problema más grave del país, seguido de la delincuencia con el 28%, bajos sueldos el 28%, la pobreza el 15%, falta de transparencia el 14%, falta de empleo el 14%, falta de seguridad ciudadana el 11%, mala calidad de la educación escolar el 9%, etc.

El congresista Pariona estima que el delito de corrupción debe ser castigado con la máxima sanción del Código Penal como es la cadena perpetua, ya que los funcionarios y servidores perjudican al patrimonio estatal y la afectación a la correcta administración pública. Por lo tanto, los que cometan delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal, concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado, malversación, cohecho pasivo propio, soborno, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, debe ser condenados a cadena perpetua.