El gobierno nacional de la presidenta, Dina Boluarte, presentó ante el presidente del Congreso, el proyecto de ley de 19 artículos que pretende regular la declaratoria de emergencia ambiental sobre una determinada área geográfica, en caso ocurra un evento súbito y significativo, que afecte la calidad ambiental y/o los ecosistemas, que pueda, a su vez, afectar o representar ,un riesgo a la salud de las personas; y que amerite la intervención efectiva, coordinada y con pertinencia cultural y lingüística del Estado, de manera conjunta con el titular de la actividad vinculada al evento, de ser el caso, por un periodo de tiempo determinado, disponiendo acciones para contener, controlar y reducir la afectación ambiental.

La declaratoria de emergencia ambiental es un mecanismo a través del cual se materializa, en una determinada área geográfica, la intervención coordinada y articulada de los diferentes niveles de gobierno y actores privados vinculados, como consecuencia de un evento súbito y significativo que afecta la calidad ambiental y/o los ecosistemas, que puede, a su vez, generar un riesgo a la salud de las personas. Se declara mediante resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, en la cual se señala el ámbito de intervención y el plazo de duración, que puede ser de hasta noventa (90) días hábiles. Asimismo, aprueba el Plan Integrado de Acción Inmediata y de Corto Plazo (PIAD que identifica las actividades a ser ejecutadas por las entidades de los tres niveles de gobierno y el/los titulares/es de la actividad vinculada, según corresponda.

Las entidades públicas que participan en el proceso de evaluación e implementación de la DEA son, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Instituto de Defensa Civil y las entidades con competencias sanitarias.  Para la ejecución inmediata de las acciones que realice el Estado en atención de una DEA, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, o normas que las reemplacen.

Ante la ocurrencia de un evento súbito y significativo que pueda constituirse como una declaratoria de emergencia ambiental, la autoridad competente vinculada a la actividad de la posible DEA, emite una alerta a fin de determinar acciones de prevención y/o restricción, según corresponda, con la finalidad de prevenir y/o reducir los riesgos a la salud de las personas, así como la afectación a la flora y fauna silvestre.

El proyecto de ley del gobierno señala que el Plan Institucional para la Atención de Emergencias Ambientales (PIEA) es el documento de planificación elaborado y aprobado por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, según corresponda, con competencias para realizar monitoreo y evaluaciones sanitarias y/o ambientales, en el cual se establecen los lineamientos mínimos de intervención ante emergencias ambientales, a fin de ser aplicados de manera inmediata ante la ocurrencia de una emergencia ambiental.