El congresista Carlos Anderson, presentó el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 382 del Código Penal en los siguientes términos: «Artículo 382.- El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, por sí o a través de terceros, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1,2 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

Si el agente tiene el cargo de presidente de la República; congresista de la República; ministro de Estado; viceministro de Estado, miembro de cualquier organismo constitucionalmente autónomo; magistrado; fiscal; titular de organismos públicos o entidades públicas; tanto organismos públicos ejecutores; como organismos públicos especializados; organismos reguladores; organismos técnicos especializados; titular de programas y proyectos; titular de entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad social; miembro del directorio de personas jurídicas que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa; miembro de consejos directivos de entidades públicas; gobernador regional; consejero de los gobiernos regionales; alcalde; regidor y procurador Público, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, con inhabilitación para el ejercicio de función pública, conforme a los incisos 1, 2, 3 y 8 del artículo 36 del Código Penal, inhabilitación definitiva para asumir cargo político alguno y con trescientos sesenta y cinco días multa.»

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Anderson afirma que la corrupción continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía, manifestándose, a través del cobro de cupos, regalos, propinas, sobornos y coimas, entre otras nuevas modalidades que evidencian el mal uso de las funciones de un cargo público.

El proyecto de ley nace a raíz de los últimos casos expuestos a la luz pública donde los altos funcionarios del Estado son los que, abusan de su cargo o posición de poder y obligan o inducen a sus trabajadores o personal subordinado vinculados por una relación de jerarquía, a dar o hacer determinada acción para obtener un beneficio, vulnerando abiertamente el correcto accionar del funcionario público.

La norma propone que los funcionarios señalados, en razón al ámbito de poder efectivo que ejercen en sus espacios de competencia -funcional y geográfica-, por la jerarquía del puesto público en el ordenamiento jurídico, así como el margen decisivo de influencia que tienen en la administración pública, debido a los poderes y facultades que les reconocen las leyes de la República, deben recibir una mayor sanción de hasta 15 años en el caso cometan el delito de concusión.