El gerente general regional del GRA, Jesús Hinojosa, mediante resolución gerencial general regional 431-2023 del 28 de noviembre, conformó la Comisión de Evaluación y Selección que llevará el proceso de selección para el reemplazo por cese de ocho trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa bajo el régimen del DL 276 y de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del inciso 8.1 del artículo 8 de la Ley 31638 del Presupuesto del año Fiscal 2023.

La comisión estará conformada por tres funcionarios regionales por disposición del gerente general regional Jesús Hinojosa. Ellos son, la presidenta de dicha comisión, Mg. Ysolina Berroa Atencio, Jefa de la Oficina Regional de Administración, CPC Juan Guerra Cáceres, Jefe de la Oficina Regional de Recursos Humanos y la abogada, Valeria Chipana Quispe, Jefa de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. La resolución señala que resulta pertinente proceder al reemplazo de los servidores cesados a través del desarrollo de un concurso público de meritos, por lo que es necesario que una comisión lleve a cabo dicho proceso.

Comentario del tema

Extraoficialmente se conoce que en la sede del GRA, laborarían alrededor de mil trabajadores, donde hay tres Sindicatos. En el Sindicato de Trabajadores Nombrados estarían afiliados alrededor de 280, de los cuales aproximadamente más de medio centenar ya habrían cesado en los últimos tres años, cuyas plazas deberian ser sometidas a concurso público y no solo las ocho que se anuncia a través de la resolución general regional.

Se afirma que, en las últimas gestiones regionales, la mayoría de plazas de trabajadores cesantes, fueron otorgadas temporalmente como “suplencia” a servidores allegados a las autoridades regionales. En la sede regional también existe el Sindicato de Trabajadores Estables y el Sindicato de Trabajadores Contratados, que juntos bordearían el medio millar de servidores. Al margen de los 200 trabajadores nombrados, habria 200 trabajadores permanentes con sentencias judiciales consentidas, alrededor de 100 trabajadores CAS, aproximadamente medio centenar de trabajadores con medidas cautelares y alrededor de 300 trabajadores con recibos por honorarios profesionales.

Si bien es un avance institucional que se haya formado una comisión que realice el concurso público, es necesario que se precise en forma documentada el número total de plazas, ya que los trabajadores y sus sindicatos afirman que es mucho más e incluso, señalan que pedirán formalmente participar como veedores de este proceso, tanto para evitar abusos como favoritismos por parte de las autoridades regionales. Consideramos que, en este proceso de concurso público, debe participar como veedores, los representantes de SERVIR, la Contraloria e incluso la Defensoría del Pueblo, para darle transparencia, legalidad y legitimidad.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado