Gobierno desacata resolución de la CIDH y libera de la cárcel al delincuente Fujimori
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El gobierno de Boluarte en abierto desacato a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le solicitó que se abstenga de ejecutar la orden de libertad que decretó el Tribunal Constitucional, facilitó la liberación del delincuente y ex presidente, Alberto Fujimori, quien abandonó el penal Barbadillo al promediar las 18 horas del miércoles 06 de diciembre, tras 16 años de prisión, de los 25 años de sentencia que debió cumplirse el 2032.
Fujimori, al salir de prisión, traspasó la puerta del penal, abrazó a sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, y a los parlamentarios del partido Fuerza Popular que acompañaron a su familia, en espera de su liberación. Inmediatamente abordó un vehículo, en el cual se dirige a la vivienda de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, acompañado de sus hijos.
El expresidente fue condenado el 2009 por la Sala Penal Especial a 25 años de prisión, al considerarlo como autor mediato de la muerte de los asistentes a una pollada en Barrios Altos (1991) y de estudiantes de la universidad La Cantuta (1992), hecho perpetrado por agentes de inteligencia del destacamento Colina.
El 24 de diciembre de 2017 recibió un indulto humanitario del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que fue revocado el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que lo declaró inaplicable. Tras esa decisión, Fujimori volvió al penal Barbadillo el 23 de enero de 2019, luego de 10 meses de libertad.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, mediante comunicado, informó que el expresidente Alberto Fujimori presenta, a la fecha, una deuda por reparación civil impuesta que alcanza aproximadamente los S/ 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
Al promediar las 20 horas del miércoles 06, los ministros de Justicia, Eduardo Arana y de Relaciones Exteriores, Javier Olaechea, en breve pronunciamiento a la prensa sobre este tema, afirmaron que, «A nombre del Gobierno del Perú, expresamos lo siguiente: Conforme a todo Estado constitucional de derecho y, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeos corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori».
Lo que no han dicho los cuestionados ministros, es que el gobierno de Boluarte representa a todo el Estado Peruano en el exterior y por tanto ante la OEA, por lo que las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento, ya que el Estado por mandato constitucional reconoce que los Tratados y Pactos suscritos, tienen vigencia y deben acatarse, lo que no está cumpliendo el gobierno de Boluarte. En las próximas horas, la CIDH, emitirá un pronunciamiento sobre la liberación de Fujimori, y lo más probable es que las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, pidan severas sanciones al gobierno de Boluarte por desacato a obligaciones internacionales.
La congresista Sigrid Bazán, anunció a la prensa que recaba firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Justicia por abierto desacato a obligaciones internacionales del Estado ante la CIDH.
Entre tanto, el congresista Jaime Quito, informó que ha presentado una denuncia constitucional contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional a quienes acusó de haber incurrido en los delitos de prevaricato y rehusamiento de funciones, ya que habrían actuado en contra de los artículos 51, 139 y 205 de la Constitución.
Asimismo, la congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, informó que presentará denuncia constitucional contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional que ordenaron la liberación del dictador Alberto Fujimori el 5 de diciembre y los acusará por prevaricato e infracción a la Constitución, ya que desconocieron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).