Más de treinta congresistas presentaron el 07 de noviembre una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, por los 22 muertos en los últimos meses de su gestión e incapacidad técnica y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.

Entre los cargos que le imputan al ministro Romero, señalan que él afirmó que en los dos últimos años pasaron al retiro 52 mil policías, pero realmente son 70,180 según información obtenida por ley de transparencia lo que evidencia desconocimiento del sector interior.

Agregan que en los últimos meses el gobierno declaró en estado de emergencia cuatro distritos de la capital Lima, pero pese al tiempo transcurrido permanece la inseguridad y la delincuencia y criminalidad organizada se encuentra en crecimiento. Refieren que el ministro Romero concurrió al Congreso, pero no logró absolver el pliego interpelatorio dando respuestas muy genéricas, por lo que el titular del sector es incapaz de controlar la inseguridad ciudadana, el sicariato, extorsión y criminalidad organizada.

Los congresistas afirman que, según lo establecido en los artículos 119 y 128 de la Constitución Política del Perú, los ministros son individualmente responsables de los asuntos que competen a su cargo. De igual modo, el artículo 132 de la Carta Magna dispone que el Congreso de la República hace efectiva la responsabilidad política de un ministro mediante el voto de censura.

Ante los hechos descritos que constituyen una infracción a los artículos 38 y 166 de la Constitución Política del Perú; corresponde al Poder Legislativo censurar al ministro del Interior, Vicente Romero, por las recurrentes deficiencias durante su gestión y por su incapacidad en la conducción de un importante Sector y para controlar la creciente inseguridad ciudadana.