La congresista Rosío Torres Salinas el 15 de agosto presentó el proyecto de ley que pretende constituir la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes, encargada de revisar la Ley 27337, Ley que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes, y sus normas modificatorias, a fin de elaborar un Anteproyecto del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, dentro del precepto regulado en el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú, respecto al reconocimiento de la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad.

Para cumplir con el objetivo de la presente ley, la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes está facultada para coordinar con los diversos sectores, instituciones o personas que tuvieran interés en hacer conocer sus opiniones o sugerencias. El Anteproyecto de/Nuevo Código de los Niños y Adolescentes se elaborará en el marco del precepto señalado en el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú, adecuándose a los más destacados estándares internacionales existentes sobre la materia.

La propuesta señala que la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes y sus normas modificatorias, está integrada por los siguientes miembros: a) Dos congresistas pertenecientes y elegidos por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, b) Un congresista elegido perteneciente y elegido por la Comisión de Mujer y Familia, c) Un representante del Poder Judicial, d) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e) Un representante Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, f) Un representante del Ministerio Público, g) Un representante de la Defensoría del Pueblo. La Comisión Especial será presidida por uno de los congresistas titulares integrante de la Comisión. El secretario técnico es designado por la presidencia de la Comisión Especial.

Para cumplir con los objetivos de la presente ley, la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes, y sus normas modificatorias, tiene en consideración los estándares internacionales sobre el tratamiento del derecho a la niñez y adolescencia, así como los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, aprobado por el Decreto Supremo 008-2021- MIMP.

La Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes y sus normas modificatorias, tiene el plazo de dos (2) años para cumplir con la labor encomendada. Este plazo se computa a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El Anteproyecto es presentado a la Presidencia del Congreso de la República para que sea puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios. La representación de las instituciones nombradas en el artículo 2 se ejerce en forma ad honorem.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista Torres, afirma que el 21 de julio del año 2,000 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes aprobado por la Ley 27337. Durante los veintitrés (23) años de vigencia de este código, la especialidad de familia, especialmente el ámbito de la infancia y adolescencia, ha transitado por un cambio de paradigma garantista que protege los derechos de estas personas por considerarlos en condición de vulnerabilidad.

La norma permitirá revisar la Ley 27337, Ley que aprueba el Código de Niños y Adolescentes promulgado en el año 2000, para concluir con la tarea hermenéutica que posibilite un texto acorde a nuestra realidad. La presente iniciativa legislativa no genera gastos adicionales para el Estado, pues los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente ley son de cuenta del Congreso de la República.

Además, el Anteproyecto de Ley de Reforma del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes que elaborará la Comisión Especial Revisora encargada de revisar el texto de la Ley 27337, permitirá fortalecer el marco normativo de los derechos de la niñez y adolescencia y agilizar los procedimientos dentro del sistema judicial en la especialidad de familia. De esa manera, la presente iniciativa legislativa aliviará el tráfico procesal ante la existencia de un gran número de expedientes de la materia. El poder agilizar el procedimiento genera un beneficio al reducir la carga actual en la existencia de expedientes pendientes.