El congresista Hector Valer de Somos Perú, presentó el proyecto de reforma constitucional que tiene como objeto reformar la Constitución Política del Perú en su artículo 35°, que elimina a los movimientos regionales, con la finalidad de fortalecer el sistema de partidos político y la base de nuestra democracia en el país.

El texto de la modificación constitucional sería el siguiente: “»Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos o alianzas, conforme a ley. Fortaleciendo la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica».

En la exposición de motivos del proyecto del congresista Valer, remarca que el sistema de partidos, como expresión ordenada y funcional de los canales de representación (partidos políticos), requiere de condiciones mínimas para considerarse «institucionalizado». Los principales académicos referidos al estudio de los partidos políticos’ consideran que un sistema de partidos institucionalizado debe tener, entre otras condiciones, estabilidad en el desempeño de los partidos en la arena electoral, así como partidos enraizados y legítimos en la sociedad que garanticen esta regularidad electoral, organizadas y estables en su espacio temporal, territorial y estructural.

Esta institucionalidad se ve disminuida en países o jurisdicciones donde, precisamente, la volatilidad electoral en la representación parlamentaria, la aparición de partidos guiados por caudillos o líderes carismáticos y la poca identificación de la sociedad con los partidos políticos y sus representantes.

El proyecto refiere que hay 182 movimientos regionales inscritos en todo el país, con un promedio de 7.24 movimientos por departamento. Los casos más extremos son los de Arequipa, con 12 movimientos; Ayacucho, con 11; Amazonas, Puno y Tacna, con 10; Tumbes, Arequipa y Junín, con 9.

Valer agrega que la aparición de los movimientos regionales y locales ha contribuido al debilitamiento de los liderazgos políticos (nuevos cuadros políticos) y la identificación popular con las agendas nacionales de los partidos políticos; esto contribuye, tal cual se ha hecho manifiesto en la descripción del problema, a la aparición de actores regionales atomizados y menos capaces de ser controlados, así como a movimientos de carácter empresarial, electoral y personalista que no contribuyen al fortalecimiento de la actividad política, además de quitar espacios a los partidos políticos como entes organizados.

En relación a los informes anuales exigidos por la Ley de Organizaciones Políticas, el documento denominado «Procedimientos administrativos sancionadores contra organizaciones políticas, entre ellas los movimientos regionales, y candidatos a cargos de elección popular», preparado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, da cuenta de que 24 organizaciones incumplieron su obligación de presentar información financiera a tiempo en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Tumbes.

Valer sostiene también que los movimientos regionales no han sido ajenos al fenómeno de la corrupción, siendo cuna de una cantidad importante de políticos condenados por delitos relacionados a la corrupción en los últimos años, debiéndose esto a su naturaleza antidemocrática, al débil o inexistente filtro de candidatos que se aplican en estos ámbitos, o a su mera existencia como «empresas electorales» que sirven como soportes o «cascarones» a candidatos y colectivos organizados con intereses ajenos al interés de la ciudadanía, que usan sus cargos públicos para beneficios particulares.