ONU da plazo de 60 días a gobierno e informe medidas contra violaciones a derechos humanos
Vatican News
Diversos grupos de trabajo de la Organización Mundial de las Naciones Unidas dieron plazo de 60 días al gobierno peruano para que remitan información documentada a dicho organismo sobre las medidas que han adoptado en las últimas semanas ante presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y policiales en la ola de protestas ciudadanas contra la presidenta Dina Boluarte y contra el Congreso Nacional.
Lo sustancial de la carta de la ONU dirigida a la ministra de relaciones exteriores, Ana Gervasi, afirma que requieren información urgente al alegado uso excesivo de la fuerza que ha provocado un número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales d terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de personas manifestantes durante las protestas que han tenido lugar en el Perú desde el 07 de diciembre del 2022.
La carta menciona que las violaciones a los derechos humanos de las personas normas establecidas por la ONU con respecto al uso de la fuerza, expresan su preocupación por el aumento del número de muertos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas tras la declaratoria de estado de emergencia. También expresan su preocupación por la utilización abusiva de la definición de terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organizaciones terroristas y apología al terrorismo, por su formulación vaga e imprecisa que se presta a interpretación subjetiva.
Refieren asimismo que es obligación del Estado realizar investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades policiales en la vigilancia de las protestas. Ante las situaciones descritas, la ONU pide al gobierno de Dina Boluarte lo siguiente: 1. Información detalladas sobre investigaciones judiciales sobre homicidios en las manifestaciones, 2. Información sobre medidas para garantizar que todas las personas ejerzan su derecho de libertad de opinión, expresión, asociación y de reunión libremente, 3. Información sobre la presunta desaparición forzada del Sr. Calderon López e identificar a los posibles autores, 4. Información sobre medidas adoptadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra personas que ejercen su derecho a la protesta, 5.- información sobre legislación, políticas vigentes y programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y cumplimiento de normas internacionales, 6. Medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial, transparente, efectivo y sin dilaciones, 7. Información sobre las bases que facultan .los allanamientos en el marco de las protestas y cuál es el protocolo de ejecución para garantizar el debido proceso y evitar el uso abusivo de la fuerza, 8.- información sobre las medidas existentes para la rendición de cuentas de graves violaciones de derechos humanos.
La carta dirigida al gobierno de Boluarte, señala que la respuesta debe darse en plazo de 60 días, y transcurrido dicho plazo las respuestas serán publicadas y estarán disponibles con un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.