Andina

El congresista Jorge Marticorena Mendoza, presentó el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interes nacional el ingreso libre a las universidades públicas, para lo cual pretende modificar el artículo 97 y 98 de la ley universitaria 30220, los cuales quedarían redactados de la siguiente manera.

Artículo 97. Estudiantes Son estudiantes universitarios de pre grado quienes, habiendo previamente concluido los estudios de educación secundaria, estén debidamente focalizados según el SISFOH y tengan un alto rendimiento académico, se inscriben libre y gratuitamente a una vacante, y se encuentran matriculados en ella. (…).

Artículo 98. Proceso de admisión La admisión a la universidad se realiza de manera libre y gratuita, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional. El Estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de inscripción y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por estricto orden de inscripción.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Jorge Marticorena, señala que, en Argentina, no existe una prueba estandarizada. Por lo tanto, cada universidad (pública o privada) establece sus propios requisitos de ingreso. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más tradicionales de Iberoamérica, no se aplica prueba, sino el denominado Ciclo Básico Común (CBC). En él, el alumno cursa dos cuatrimestres con tres ramos cada uno – compuesto por dos materias globales, dos determinadas por la orientación de la carrera y otras dos propias de la carrera en sí -, y sólo ingresa a la universidad si aprueba esa etapa.

En Venezuela el test fundamental del proceso de entrada a la Enseñanza Superior en Venezuela es la Prueba Nacional de Exploración Vocacional (PNEV). Según el Gobierno, su fin es «ayudar a los estudiantes a tomar una decisión sobre su futuro profesional, mediante la exploración de sus gustos, intereses y motivaciones. Ésta no mide conocimientos, ni tampoco tiene fines de exclusión social como la ya eliminada Prueba de Aptitud Académica».

El congresista afirma que la propuesta legislativa permitirá que estudiantes en situación de pobreza debidamente focalizados en el SISFOH y con alto rendimiento académico tengan la posibilidad de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, si bien la universidad pública es gratuita en su matrícula, está fuera del alcance de muchos jóvenes debido a sus altas exigencias de admisión. Estás exigencias que requieren una inversión pueden llegar a ser imposibles de cumplir por la condición de pobreza, convirtiéndose en un gran factor que inhibe el avance educativo.