pressadminenero 10, 202320min354

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Dina Boluarte y José Williams deben renunciar por su responsabilidad política ante el país

dina y williams

El ejercicio de la actividad política en sus diversos niveles de gobierno en cualquier Estado democrático, es un servicio cívico a la sociedad, siendo el primer deber jurídico, ético y moral de quienes tienen autoridad, poner los intereses del pueblo por encima de los intereses personales, económicos, políticos y sociales, manejándose con probidad, honestidad y transparencia en su vida privada y pública.

En mis cuarenta y un años de ejercicio periodístico en Arequipa desde 1982 hasta la fecha, es la primera vez que un gobierno democrático surgido de las ánforas y elegido mayoritariamente por los electores del interior del país, tiene como saldo más de 41 muertos y centenares de heridos, en su mayoría civiles indefensos. Nunca antes en 43 años de democracia, he observado que un gobierno democrático diera un cheque en blanco a las fuerzas armadas y policiales via declaratoria de estado de emergencia que ha terminado con una masacre imperdonable y ha enlutado al país. La inquilina de palacio de gobierno ni siquiera ha pedido perdón, ni mucho menos ha reparado a las víctimas, ni ha declarado luto nacional, lo que evidencia su inhumanidad y solidaridad que como principio cristiano todos debemos practicar.

Los Estados modernos nacieron para reemplazar a los imperios y monarquías de antaño, donde los reyes y monarcas concentraban el poder absoluto, deteniendo, torturando, sentenciando y asesinando a quienes se rebelaban contra el orden establecido. Esos periodos de siglos atrás, fueron llamados como regímenes del absolutismo que terminó con la revolución francesa donde dicho pueblo salió a las calles y plazas acabando con la tiranía. Vinieron posteriormente la revolución americana, rusa y mexicana cuyos habitantes, lucharon en las calles y plazas públicas para que los gobernantes reconozcan sus derechos. Fue después de la horrorosa segunda guerra mundial que dejó decenas de millones de muertos, lo que dio nacimiento a la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Constituciones de Estado.

En dichas Cartas Magnas se establecieron cinco principios básicos. En el artículo 01, se estableció que la “defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Esa es la primera obligación del Estado y de quienes gobiernan en nombre del pueblo de proteger a las personas. Asimismo, el artículo 43 señala que, “El Perú es un Estado Democrático de derecho. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, organizándose según el principio de separación de poderes”. Es decir, no hay poder absoluto de ningún gobernante.

Entre tanto, el artículo 45 de la Constitución refiere que “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Sin embargo, el artículo 128 de la Carta Magna precisa que, “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que acuerden en el Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien voluntariamente”.

Es decir, que no solo la responsable directa es Boluarte, sino sus ministros que dieron carta blanca a los mandos militares y policiales y tarde que temprano serán sometidos a la justicia nacional y continental. A eso hay que sumar el artículo 2 inciso 12 de la Constitución, que sostiene que, “es un derecho fundamental de la persona, “a reunirse pacíficamente sin armas y las reuniones en locales privados o abiertos al público no requiere aviso previo”. En pocas palabras, protestar es un derecho ciudadano y no es un delito y está garantizado en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por lo resumido en estos principios constitucionales y convencionales antes enumerados, ni la presidenta de la república ni ninguna autoridad gubernamental tiene impunidad para manejar el Estado como su hacienda particular y tienen que responder ante las instancias que correspondan por los excesos y abusos que cometen. En un Estado Constitucional de Derecho, nadie está por encima de la Carta Magna ni del ordenamiento jurídico de la nación.

Dina Boluarte no solo ha abusado de su atribución constitucional al declarar el estado de emergencia sin fijar los límites a los mandos militares y policiales, sino que ha devaluado la primera magistratura de la nación que es la presidencia de la pública por su pésima y negligente gestión en la Jefatura de Estado que nos ha dejado como saldo más de 41 muertos, incluido un valeroso policía nacional. Por acción u omisión, hoy no puede rehuir al igual que sus ministros y los altos mandos de las fuerzas armadas y policiales, su responsabilidad política y penal en la masacre de más de 41 ciudadanos que no eran terroristas, ni narcotraficantes, ni formaban parte de una organización criminal, porque hasta hoy el Ministerio Publico no ha demostrado ninguna prueba o evidencia concreta como “cacarea” la derecha política, mediatica y demás corifeos.

Es frecuente y común, observar que haya políticos cuestionados, acusados e incluso sentenciados, que nunca aceptan ninguna responsabilidad. Cuando son procesados y sentenciados judicialmente, sostienen que son objeto de “cacería de brujas o persecuciones políticas y judiciales”, pero jamás admiten un mínimo de responsabilidad o culpabilidad. No efectúan un mínimo de autocrítica personal, ni de su gestión, lo que los desdibuja ante la opinión pública. Eso incluye a la actual inquilina de palacio de gobierno que no admite ninguna responsabilidad ni efectúa ninguna autocritica personal.

Son excepciones a la regla, los casos que la historia republicana del Perú ha registrado, donde pocos políticos aceptaron su responsabilidad política y personal. La mayoría de políticos tienen piel de “cocodrilo” donde las críticas o los cuestionamientos, “les resbalan”, pero son poquísimos, los que asumen responsabilidad funcional, y actúan con decoro y dignidad, tanto en la función pública como privada, renunciando a su cargo ejemplarmente. La falta de responsabilidad en la función pública o privada y el aprovechamiento de cargos, es una de las tantas taras sociales que arrastramos desde que nacimos como Estado en 1821.

Son excepcionales los casos, donde asumen responsabilidad política, personal y funcional, y actúan con decoro y dignidad, renunciando a su cargo ejemplarmente. Históricamente, recuerdo dos casos, aunque diferentes de ex ministros que prefirieron renunciar por responsabilidad política al cargo, antes que pasar por la vergonzosa censura y destitución por el parlamento.

Entre ellos, en 1981, con José María De la Jara y Ureta, periodista y político y Ministro del Interior del segundo gobierno de Fernando Belaunde. De La Jara y Ureta, renunció a su cargo, asumió su responsabilidad política por la muerte del joven aprista cusqueño Marco Antonio Ayerbe Flores, producto de la represión policial en la Plaza de Armas de Cuzco, pese a que el Ministro no ordenó a las fuerzas políticas el acto luctuoso. Pero, una sola víctima bastó para que De la Jara se fuera a su casa, sin necesidad de que el Congreso se lo pida. Renunció por decoro político y dignidad personal.

Otro caso se dio en 1989, cuando Armando Villanueva del Campo, histórico líder del APRA, dejó el Ministerio del Interior con frustración y cansancio luego del asesinato del congresista Li Ormeño por parte de Sendero Luminoso, el virus político que asoló nuestro país en esa década. Villanueva no lo mató ni dejó matar al congresista, pero su frustración política fue por no evitar esa muerte lo llevó a apartarse del cargo y renunció por decoro político y dignidad personal.

Boluarte si continua en el gobierno y no renuncia por decoro y dignidad para acabar con esta grave crisis y conflicto social y político, será una “fantasma” en la presidencia de la republica que el pueblo no respetará ni reconocerá mayoritariamente, porque en la percepción popular, se ha entregado a esa derecha política y mediatica que no tiene patria ni bandera y solo le interesa el lucro y el saqueo del Estado y sus riquezas naturales, así como mantener la actual Constitución y su capítulo económico donde los contratos ley son la llave jurídica que hemos heredado del gobierno de la corrupción de Fujimori hoy rebasados por la extrema derecha que han capturado y secuestrado el Congreso de la República para someterlo a sus intereses económicos y no a los intereses de la patria.

Los culpables de esta grave crisis, no solo es Boluarte, sino el Congreso y la prensa concentrada limeña salvo excepciones, quienes tienen intereses en común. Esos congresistas de la extrema derecha que antes de comenzar el gobierno de Castillo, le hicieron un Bullying político y mediático más los errores del gobernante, consiguieron finalmente su objetivo de apartarlo del gobierno al cajamarquino y manejar hoy el poder ejecutivo y legislativo que era y es su obsesión histórica desde que nacimos como Estado en 1821.

Si en los próximos días renuncia Boluarte para evitar que el país se convierta en un polvorín, el siguiente en renunciar debe ser el presidente del Congreso, José Williams, porque es corresponsable de la grave crisis, porque se dejó arrinconar por la extrema derecha, avalando la violación del debido proceso contra Castillo no respetando la inmunidad que tenía ex jefe de Estado antes de destituirlo en forma célere por el golpe de Estado. No hizo respetar ni la Constitución ni el reglamento interno del parlamento que señalaba los procedimientos, por lo que se violó el derecho en sede parlamentaria. Si renuncia Boluarte, la nación no soportaría que Williams asuma la jefatura de Estado por sucesión constitucional, no solo porque carece de legitimidad, sino porque representa al sector más abusivo del parlamento nacional y no sería ninguna garantía para el proceso de transición.

Si renuncia Williams, obligará a una recomposición de la mesa directiva del Congreso para que un legislador o legisladora moderada que no pertenezca a los extremos, conduzca la transición democrática con nuevas elecciones el 2023. Todo Estado democrático, tiene que tener un Congreso que representa la voluntad popular y lo que ha fallado en el Perú y en dicho poder estatal, no es la institución en sí, sino sus integrantes extremistas que han puesto a dicho poder estatal con menos del 10% de aceptación popular en las encuestas, desacreditando al poder legislativo.

Pese a ello, no soy partidario que desaparezca el poder legislativo, porque todo Estado democrático, debe tener un parlamento que represente todas las sangres ideológicas y políticas, por lo que los electores debemos saber elegir bien a nuestros representantes y los partidos ofrecernos mejores cuadros al primer poder del Estado en las próximas elecciones.

Finalmente, algunas breves cosas sobre este tema. En los últimos veinte años hemos tenido cuatro conflictos sociales graves que conmovieron al país. El “Arequipazo” el año 2002 que dejó dos muertos en el gobierno de Toledo, el “Baguazo” el año 2009 en el segundo gobierno de Garcia que dejó 33 muertos y el “Aymarazo” el año 2011 en Puno dejo como saldo cinco muertos en el gobierno de Humala. Sin embargo, en el gobierno de Dina Boluarte en menos de un mes, ya tenemos más de 41 muertos, por lo que la actual inquilina de palacio de gobierno, pasará a la historia republicana del país como la primera mujer gobernante incapaz e inepta de manejar un conflicto social que pudo haber evitado, evidenciado su falta de olfato y sensibilidad política hacia sus compatriotas.

La extrema derecha aliada del actual gobierno cívico militar, insiste en que hay que recuperar el “principio de autoridad”. ¿Se va a recuperar la paz social a costa de estados de emergencia y estados de sitio a punta de balazos y masacres contra el pueblo indefenso que exige solución a sus demandas políticas? ¿Se va imponer la paz de los cementerios con represión indiscriminada? ¿Las fuerzas armadas y policiales estan al servicio del Estado para proteger a la poblacion desarmada o debe estar al servicio de los gobiernos de turno y sus intereses?

Boluarte tiene que entender que ella no inspira confianza en la mayoría ciudadanos que la califican como la “felipilla” que, por llegar a la presidencia, se ha sometido a los intereses de la extrema derecha que antes la insultaba y terruqueaba, pero hoy la tratan con “guantes de seda” en la prensa concentrada.

La inquilina de palacio de gobierno insiste que ella puede resolver los problemas sectoriales que le soliciten los pueblos del interior, pero no los temas políticos como su renuncia, elecciones generales 2023 y convocatoria a un referéndum para consultarle al país si desea o no una nueva Constitución.

En su reducida percepción de análisis político, Boluarte cree que todo se puede resolver con dinero desde el gobierno nacional y subestima a los provincianos a quienes cree incapaces e inútiles de poder ejercer sus derechos políticos que reconoce nuestra Carta Magna. Eso desnuda la miopía política y sociológica de la actual mandataria sobre el análisis de la grave crisis que se ha embalsado en las últimas décadas y ha explosionado hoy lo que puede agudizarse si no se atienden las demandas postergadas.

No avaló ni toleró los excesos ciudadanos y el desborde social y los que han incurrido en delitos, deben ser sancionados severamente, respetándose el debido proceso. Boluarte, sus ministros y los altos mandos militares y policiales que ordenaron y ejecutaron la masacre, tal vez escapen o evadan hoy al sistema judicial peruano temeroso de chocar contra el poder político y económico de la extrema derecha, pero estoy convencido que no escaparán ni rehuirán la sanción penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en diversas sentencias, señaló que los Estados no pueden avalar ni convalidar la impunidad estatal que hoy el Congreso se niega a investigar a los responsables de la masacre, incumpliendo su deber de fiscalización como lo señala Constitución.

Concluyendo. Lo que hoy tenemos en democracia luego del combate a la subversión de Sendero Luminoso en la década del ochenta y noventa, es un conflicto político y social que no responde resolver exclusivamente a las fuerzas armadas y policiales como pretende la presidenta de la república y el parlamento secuestrado por la extrema derecha. Ese es un deber del gobierno nacional y del Congreso de la República para encontrar una salida consensuada, pacífica y razonable que devuelva la tranquilidad y la paz al Perú que todos queremos. Esa es su responsabilidad y la estan rehuyendo. Por las razones expuestas, renuncie a la presidencia Sra. Dina Boluarte y Sr. José Williams por la estabilidad y gobernabilidad del Perú.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.

 

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